Rectificado el «error técnico» que desprotegía a trabajadores que solicitaban adaptación de jornada laboral
Silvia María Vicente Moya 
Imagen: deia.eus. El Solidario. La ministra de Igualdad, Ana Redondo.
El Gobierno ha subsanado el «error técnico» de la Ley de Paridad que permitía el despido de trabajadores que solicitaban adaptaciones en su jornada laboral para conciliación familiar.
La corrección se ha realizado a través de la Ley de Eficiencia de la Justicia, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 3 de enero de 2025, y entrará en vigor el próximo 3 de abril.
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La Ley de Paridad, en vigor desde agosto de 2024, contenía un fallo en la disposición final novena que modificaba el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores.
Este error desprotegía a los empleados que solicitaban permisos de cinco días para el cuidado de familiares enfermos o adaptaciones de jornada por motivos de conciliación, al no considerar nulos los despidos en estos casos. Es más, incluyen a las víctimas de violencia sexual en los supuestos previstos para que el despido sea nulo.
Proteger a los trabajadores y la conciliación laboral-familiar
La nueva Ley de Eficiencia de la Justicia corrige este desliz, restableciendo la protección frente al despido nulo para quienes ejercen su derecho a la conciliación laboral y familiar. Además, introduce reformas organizativas y procesales destinadas a mejorar la gestión de recursos y agilizar la carga de juzgados y tribunales.
Entre las medidas destacadas, la ley reorganiza los órganos judiciales, sustituyendo los juzgados unipersonales por tribunales de instancia, lo que promueve la especialización y unificación de criterios.
Esta transformación afectará a aproximadamente 3.800 juzgados, creando 431 tribunales en distintas circunscripciones judiciales. La implantación será gradual, con fechas clave en julio, octubre y diciembre de 2025.
La entrada en vigor de la ley está prevista para el 3 de abril de 2025, aunque algunas disposiciones específicas se implementarán en fechas posteriores. La normativa afectará a todo el personal del sistema judicial, incluyendo jueces, magistrados, abogados y funcionarios, así como a los ciudadanos que interactúan con el sistema de justicia.
Esta corrección legislativa refuerza los derechos laborales y de conciliación, garantizando una mayor protección frente a despidos injustificados.
Además, las reformas en la estructura judicial buscan una justicia más eficiente y accesible para todos, en línea con un enfoque progresista que prioriza el bienestar de los trabajadores y la ciudadanía en general.
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