Juanma Moreno en el punto de mira: CERMI exige soluciones urgentes para la discapacidad en Andalucía
Fatima Makhoukh 
Archivo/ELSOLIDARIO. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Andalucía (CERMI-Andalucía) ha solicitado una reunión urgente con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para abordar la crítica situación financiera que enfrentan sus organizaciones.
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La falta de una financiación adecuada pone en riesgo la continuidad de los servicios esenciales que prestan a cerca de medio millón de personas con discapacidad en la región.
En los últimos meses, CERMI-Andalucía ha llevado a cabo movilizaciones en toda la comunidad autónoma, incluyendo una manifestación en Sevilla con más de 15.000 participantes, exigiendo mejoras en la financiación y sostenibilidad de los servicios destinados a las personas con discapacidad. Las entidades denuncian que las tarifas actuales están desfasadas y no cubren los gastos reales, lo que dificulta mantener la calidad de la atención.
La situación se agrava con el incremento del 12% en los salarios de los profesionales del sector, que las entidades deben asumir sin contar con recursos adicionales. Esta problemática ha llevado a una disminución en la calidad del servicio y a una reducción de recursos disponibles para las personas con discapacidad.
Negligencia y falta de gestión
Además, la gestión de la dependencia en Andalucía enfrenta serios desafíos, con tiempos de espera promedio de 609 días para resolver expedientes, muy por encima de los 180 días estipulados por la normativa. Esta demora afecta negativamente a las personas que requieren asistencia urgente, evidenciando la necesidad de una reforma en el sistema de atención a la dependencia.
El gobierno andaluz debe tomar medidas inmediatas para garantizar una financiación justa y sostenible para las entidades que atienden a las personas con discapacidad. La falta de recursos adecuados no solo pone en peligro la continuidad de los servicios, sino que también vulnera los derechos de un colectivo que merece una atención digna y de calidad. La comunidad andaluza debe priorizar la inclusión y el bienestar de todas las personas, asegurando que nadie quede atrás.
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