Ultraderecha arremete contra las víctimas del franquismo con insultos y desafía la Ley de Memoria Democrática
Fatima Makhoukh 
Archivo EFE/ELSOLIDARIO.Manifestación de la ultraderecha en el centro de Madrid.
La ultraderecha en España ha intensificado su desafío a la Ley de Memoria Democrática con insultos dirigidos a las víctimas del franquismo y sus familiares.
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Durante recientes homenajes oficiales a los fusilados por el régimen de Franco, colectivos ultraderechistas lanzaron mensajes de odio, como el uso del término “15.000 hijos de puta”, minimizando los crímenes de la dictadura y glorificando su legado. Este comportamiento busca contrarrestar los esfuerzos gubernamentales por honrar la memoria histórica y reconocer la dignidad de las víctimas.
El Movimiento Católico Español y activistas de extrema derecha vinculados a la Falange han desatado polémica al menospreciar a las víctimas del franquismo. En un documento reciente, calificaron de «asesinos» a los ejecutados por la dictadura, desafiando la Ley de Memoria Democrática y generando indignación entre colectivos progresistas y defensores de los derechos humanos.
El contexto de este desafío surge en un momento clave, el 50 aniversario de la muerte de Franco, donde se han reforzado actos oficiales para reparar a las víctimas del régimen. Sin embargo, movimientos y otras plataformas de derecha extrema han utilizado discursos provocativos, desinformación y símbolos del franquismo para intentar reavivar la polarización en torno a la memoria histórica.
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, busca preservar la memoria de las víctimas y combatir la glorificación de dictaduras. A pesar de esto, los actos ultraderechistas ponen de manifiesto las limitaciones en su aplicación, así como la falta de un consenso social sobre el pasado franquista.
Sanciones severas
La actual Ley de Memoria Democrática incluye entre sus sanciones más graves el menosprecio a las víctimas de la dictadura franquista. Estas infracciones pueden acarrear multas significativas, que van desde los 10.001 hasta los 150.000 euros, subrayando el compromiso de combatir los discursos de odio y proteger la dignidad de las víctimas.
Los discursos de odio sigan teniendo espacio en la esfera pública, mostrando la necesidad de un compromiso institucional más firme para garantizar el respeto hacia las víctimas y fortalecer la educación en valores democráticos. La memoria histórica no debe ser un campo de batalla ideológico, sino una herramienta para construir una sociedad más justa y reconciliada.
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