La desesperación y el miedo llevaron a Mahmoud Bakhoum, un vendedor ambulante senegalés de 43 años, el 29 de diciembre de 2024, a saltar al río Guadalquivir, donde perdió la vida mientras huía de un operativo policial contra la venta ambulante. Una tragedia que resucita otro caso similar de 2018 en Madrid, cuando otro vendedor ambulante africano murió de un infarto tras una persecución policial.
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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha exigido el cese de las redadas y la persecución al colectivo de manteros y vendedores ambulantes, lamentando que este hombre «murió, únicamente, por intentar ganarse la vida dignamente como vendedor ambulante».
Como en otras ocasiones, una patrulla de la Policía Local apareció y el vendedor ambulante, junto a sus compañeros, huyó cargando sus mercancías. Sin embargo, esta vez la persecución fue más larga de lo habitual, terminando trágicamente con su muerte al lanzarse al río Guadalquivir para escapar.
La muerte de Mahmoud ha dejado un cúmulo de interrogantes, que son motivo de reflexión para Hassan Sall, confundador de Sevilla Negra, una asociación que defiende los derechos de la población negroafricana y afrodescendiente en Sevilla: «¿Por qué lo persiguieron? ¿Por qué lo pusieron en una situación tan peligrosa?», cuestiona.
El suceso ha generado una ola de indignación y dolor en la comunidad senegalesa de Sevilla, que ha expresado su pesar por la pérdida de un compatriota que residía en la ciudad desde 2017 junto a sus dos hermanos.
Nueva movilización
Varias organizaciones sociales han convocado una concentración en Sevilla, la tarde de este jueves, para rendir homenaje al vendedor ambulante migrante. La protesta también exige una investigación para esclarecer las circunstancias del trágico suceso. Esta manifestación pone de relieve la denuncia contra la criminalización de las personas migrantes y la necesidad de una respuesta más humana y justa ante la persecución policial hacia los colectivos más vulnerables.
Sevilla, marcada por altos niveles de pobreza y exclusión social, refleja una alarmante desigualdad en sus barrios más vulnerables. Urge replantear las políticas locales hacia modelos inclusivos que protejan los derechos de quienes buscan sobrevivir en condiciones adversas.
Crisis de las políticas sociales
Este trágico incidente pone de manifiesto la necesidad de revisar las políticas municipales que criminalizan la pobreza y la supervivencia de colectivos vulnerables. La implementación de planes contra la venta ambulante, dirigidos específicamente contra estos grupos, ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que señalan que tales medidas exacerban la marginalización y ponen en riesgo la vida de personas que buscan medios de subsistencia en ausencia de oportunidades laborales formales.
Las autoridades locales tienen que revisar su enfoque hacia la venta ambulante, adoptando políticas inclusivas que ofrezcan alternativas viables y respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos, independientemente de su origen o situación económica. La criminalización de la pobreza no es una solución; por el contrario, profundiza las desigualdades y perpetúa ciclos de exclusión y violencia institucional.
La muerte de este vendedor ambulante en Sevilla debe servir como un llamado de atención urgente para promover un diálogo constructivo entre las autoridades, las organizaciones de derechos humanos y las comunidades afectadas, con el objetivo de desarrollar estrategias que prioricen la dignidad humana y la justicia social.
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