El Gobierno español ha anunciado su disposición a promover una ley que prohíba a individuos con antecedentes de maltrato ejercer profesiones que impliquen contacto con menores.
Esta decisión surge tras la intensa campaña de la plataforma «Docentes Decentes» del IES Goya de Zaragoza, integrada por madres que, preocupadas por la presencia de un profesor previamente condenado por violencia hacia menores y violencia machista, han recogido más de 36.000 firmas para exigir cambios legislativos.
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La presencia de educadores con antecedentes penales por delitos de maltrato representa una amenaza directa al bienestar y desarrollo de los niños.
Los docentes desempeñan un papel fundamental en la formación y protección de la infancia. Por ello, es esencial que quienes ocupan estos puestos carezcan de antecedentes que puedan poner en riesgo la seguridad de los menores.
Por una educación libre de violencia
La verificación de antecedentes penales es una medida preventiva crucial para garantizar entornos educativos seguros y libres de violencia.
Proteger a la infancia es una responsabilidad compartida por toda la sociedad. Implementar leyes que impidan a maltratadores trabajar con niños es un paso decisivo hacia la creación de espacios seguros donde los menores puedan desarrollarse plenamente, libres de cualquier forma de violencia.
Estas medidas no solo salvaguardan el presente de los niños, sino que también sientan las bases para un futuro en el que la educación se imparta en un ambiente de respeto y seguridad, promoviendo el bienestar integral de las nuevas generaciones.
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