Alcalde del PP de Estepona podría haber adjudicado favores a la persona que lo acusa de acoso sexual
Fausto 
Tomado de Público/El Solidario. alcalde de Estepona, José María García Urbano.
El escándalo en torno al alcalde de Estepona, José María García Urbano, del Partido Popular, suma un nuevo y alarmante capítulo. El juzgado que investiga la presunta malversación en el contrato otorgado a una supuesta víctima de acoso sexual por parte del propio regidor ha solicitado documentación clave sobre este controvertido nombramiento como cargo de confianza.
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Este puesto, concedido apenas tres meses antes de las elecciones municipales, ha desatado sospechas de irregularidades y desvío de fondos públicos, empañando aún más la gestión del edil.
La investigación, escindida de la causa principal por acoso sexual, apunta ahora a un posible uso indebido de recursos municipales para fines políticos o personales.
El caso pone de manifiesto las tensiones entre ética y poder en la administración pública, en un municipio donde la transparencia parece haber cedido al amiguismo y las maniobras oscuras.
Un modelo de impunidad que se repite
Este caso no es un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio que se observa en numerosos ayuntamientos gobernados con escasa rendición de cuentas.
En Estepona, la asignación de contratos como favores políticos ha sido señalada por la oposición y colectivos ciudadanos como una práctica habitual.
Si las acusaciones se confirman, estaríamos frente a otro ejemplo de cómo los recursos de los contribuyentes se utilizan para salvaguardar intereses personales, en lugar de responder a las necesidades reales de la ciudadanía.
El contexto electoral añade una dimensión política al escándalo. La proximidad de las elecciones municipales levanta preguntas incómodas sobre el momento y la naturaleza del nombramiento, que podría haber tenido la intención de silenciar a una denunciante o incluso garantizar su lealtad. Todo esto, mientras las denuncias de acoso sexual siguen sin resolverse, dibuja un panorama de injusticia institucional.
¿Hasta cuándo la política será cómplice?
El caso de Estepona evidencia una profunda crisis en la cultura política española, donde las tramas de corrupción y el abuso de poder han dejado una huella indeleble. Las instituciones públicas deben proteger a las víctimas, no a los responsables de agresiones ni a quienes malversan los recursos. Sin embargo, la realidad es que muchas veces los mecanismos de control y sanción se ven coartados por intereses partidistas.
¿Permitiremos que la opacidad y el abuso de poder sigan siendo moneda corriente? La justicia debe actuar con contundencia y la ciudadanía no puede mirar hacia otro lado. La respuesta está en nuestras manos.
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