Más contratos, más precariedad; la absurda ecuación de Moreno Bonilla para la sanidad andaluza
Fausto 
Ilustración/El Solidario. La contratación en Andalucia aumentó 304 millones en el mandato de Moreno Bonilla, mientras es el servicio es precario.
El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, se encuentra en el ojo del huracán por la gestión sanitaria de su Gobierno. Denuncias recientes lo acusan de estar implicado en una trama de contratos irregulares en la sanidad pública, mientras se esconde tras el silencio y rehúye las explicaciones.
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Según el líder del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, el presupuesto destinado a la sanidad privada ha aumentado en 304 millones de euros durante su mandato, mientras la sanidad pública sigue sumida en la precariedad y el abandono.
Este escándalo no es un hecho aislado. Representa una tendencia alarmante en la que los gobiernos regionales priorizan los intereses privados sobre el bienestar colectivo.
La sanidad, un pilar fundamental del Estado de Bienestar, se está convirtiendo en un terreno fértil para la opacidad, la externalización desmedida y el desvío de fondos públicos hacia empresas privadas.
Bajo el argumento de «optimizar recursos», se han firmado contratos millonarios que, según las denuncias, no cumplen con los procedimientos legales ni éticos necesarios.
El ‘buen negocio’ de la sanidad
El deterioro de la sanidad pública no solo se mide en cifras. Las interminables listas de espera, la falta de personal sanitario y el colapso en los servicios de urgencias son consecuencias directas de estas políticas.
El desvío de recursos hacia la sanidad privada no solo fomenta la desigualdad, sino que también pone en jaque la universalidad del acceso a la salud, obligando a los ciudadanos a recurrir a seguros privados para obtener una atención digna.
En el caso de Andalucía, la gestión de Moreno Bonilla ha sido especialmente controvertida. Las críticas no solo provienen de la oposición política, sino también de sindicatos, organizaciones sociales y, sobre todo, de los propios profesionales de la salud, quienes denuncian la sobrecarga laboral y la falta de medios adecuados.
Frente a esta realidad, cabe preguntarse: ¿a quién sirve realmente este modelo? La sanidad no puede ser un negocio; es un derecho humano fundamental. La ciudadanía merece transparencia, rendición de cuentas y un compromiso firme con el fortalecimiento de los servicios públicos. ¿Estamos dispuestos a permitir que se desmantele nuestro sistema sanitario en beneficio de unos pocos?
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