En un giro inesperado, Vox ha decidido romper todos los gobiernos autonómicos de coalición con el Partido Popular (PP), desatando un discurso racista y xenófobo para no perder apoyo entre sus bases.
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Esta decisión, anunciada por el líder de Vox, Santiago Abascal, ha generado un terremoto político en España. El anuncio se produjo ayer, 11 de julio, cuando Abascal declaró que su partido se retiraba de los gobiernos de Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura.
La razón principal, según Abascal, es la “imposición” del PP de aceptar la acogida de menores migrantes no acompañados, una medida que Vox rechaza vehementemente.
Impacto en los gobiernos autonómicos
La ruptura afecta a un total de 12 consejerías y cuatro vicepresidencias que Vox ocupaba en estas comunidades. Los presidentes autonómicos del PP han expresado su intención de continuar gobernando en solitario, aunque temen un bloqueo total por parte de Vox.
En la Comunidad Valenciana, el presidente Carlos Mazón ya ha destituido a los consejeros de Vox y ha reestructurado su gobierno.
Un discurso retórico y cargado de odio
La retórica de Vox ha escalado, con Abascal acusando al PP de promover una “invasión” de migrantes y menores no acompañados. Este discurso no solo es peligroso, sino que también va en contra de los principios de derechos humanos y solidaridad que deberían guiar las políticas migratorias.
Reacciones y consecuencias
La decisión de Vox ha sido criticada por diversas organizaciones de derechos humanos y partidos progresistas, que ven en esta ruptura una oportunidad para fortalecer políticas inclusivas y de igualdad. El gobierno central ha celebrado la salida de Vox, calificándola como una “buena noticia para la sociedad española”.
La ruptura de Vox con el PP no solo desestabiliza los gobiernos autonómicos, sino que también pone en evidencia la necesidad de un debate serio y responsable sobre la inmigración y los derechos humanos en España.