María Luisa Abarca Sánchez 
Imagen tomada de lavanguardia.com : El Solidario. Malí retrocede en derechos humanos con la criminalización de la homosexualidad y restricción de libertades.
El nuevo código penal de Malí ha generado una ola de indignación y preocupación entre defensores de los derechos humanos y activistas del colectivo LGTBIQ+.
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La legislación, aprobada por el Consejo Nacional de Transición (CNT) el 31 de octubre de 2024, criminaliza la homosexualidad y limita severamente las libertades individuales. Este cambio legal representa un grave retroceso en la protección de los derechos humanos en el país y en toda la región del Sahel.
Flagrante violación de los derechos humanos
El ministro de Justicia, Mahamadou Kassogué, ha defendido la reforma como una adaptación a las «realidades sociales actuales». Sin embargo, activistas nacionales e internacionales denuncian que estas medidas violan los principios fundamentales de igualdad y no discriminación.
La nueva legislación no solo penaliza las relaciones entre personas del mismo sexo, sino que también castiga cualquier muestra de apoyo o defensa de la comunidad LGTBIQ+.
La aprobación de este código penal ha sido recibida con preocupación por la comunidad LGTBIQ+, que teme un aumento de la discriminación y la violencia. Según datos de Human Rights Watch, más de 30 países africanos penalizan las relaciones homosexuales, y Malí se une ahora a esta lista con una legislación que agrava la vulnerabilidad de las personas LGTBIQ+.
La Agenda 2030 de las Naciones Unidas impulsa un mundo en el que «nadie quede atrás», un objetivo que exige un compromiso firme con la protección de los derechos de todas las personas, sin importar su orientación sexual, identidad o expresión de género.
El nuevo código penal maliense contradice este principio, ya que no solo criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo, sino que también impone duras sanciones a quienes promuevan o defiendan la homosexualidad.
La comunidad internacional ha expresado su conmoción ante este retroceso. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han instado a Malí a reconsiderar esta legislación y a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Como signatario de tratados regionales e internacionales, Malí tiene la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales y asegurar la igualdad de todos sus ciudadanos.
En un contexto regional marcado por conflictos armados y tensiones políticas, el debilitamiento de los derechos individuales es una tendencia inquietante. Países como Burkina Faso y Níger también han experimentado retrocesos en los derechos y libertades de la comunidad LGTBIQ+ debido a la creciente influencia de líderes religiosos radicales y la expansión de ideologías conservadoras.
La criminalización de las identidades no solo frena cualquier posibilidad de avance en el reconocimiento de sus derechos, sino que también amenaza con institucionalizar la discriminación. La lucha por los derechos humanos es una responsabilidad compartida. Solo a través de un esfuerzo colectivo podemos construir un mundo más justo y equitativo para todos.
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