La 33.ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en Buenos Aires se lleva a cabo hoy bajo un ambiente de resistencia y con una clara posición política en defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.
Este año, la movilización está marcada por la decisión del gobierno de Javier Milei de retirar la financiación estatal para el evento, lo que ha generado reacciones diversas. Según el gobierno, esta medida responde a una política de austeridad, destinando fondos públicos únicamente a sectores prioritarios como la salud y la educación en un contexto de crisis económica. Sin embargo, para muchos sectores de la comunidad, esta decisión se percibe como un intento de invisibilizar las demandas de diversidad e inclusión que históricamente han acompañado a la marcha.
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El evento comienza en la Plaza de Mayo y recorrerá la Avenida de Mayo hasta el Congreso Nacional, con un llamado especial a “Ni un derecho menos”. Entre las demandas centrales están la aprobación de una Ley Integral Trans y de una Ley Antidiscriminatoria que garantice mayor seguridad y derechos para las personas LGBTIQ+. En un contexto de cambio político, esta edición de la marcha también se configura como una protesta contra las políticas de Milei, que muchos consideran regresivas y una amenaza para los derechos del colectivo.
La comunidad internacional también ha mostrado su apoyo a la marcha, y representantes diplomáticos de más de 30 países han expresado su respaldo a la lucha por los derechos humanos y la igualdad. Este respaldo subraya la importancia de políticas inclusivas, recordando que el avance en derechos no es negociable.
La 33.ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+ reafirma el compromiso de la sociedad en defensa de los derechos humanos, recordándonos que la inclusión y la justicia deben ser principios inamovibles. Como se escucha en las calles hoy: “La lucha por los derechos no puede retroceder”.