Vox intensifica su ofensiva contra las leyes LGTBIQ+ en España

En una serie de movimientos coordinados, Vox ha iniciado una ofensiva en varios parlamentos regionales de España, buscando la derogación de las leyes LGTBIQ+ autonómicas. Estas acciones han generado tensiones políticas y han sido ampliamente criticadas por otros partidos y colectivos sociales.

En la Asamblea Regional de Murcia, el diputado de Vox, Antonio Martínez Nieto, calificó la ley LGTBI autonómica de «pepona travestida» y afirmó que las personas trans y sus derechos representan «un ataque a la naturaleza humana y a la familia tradicional».

Además, propuso que la única celebración que debería realizarse en España es el «Orgullo agrario».

Estas declaraciones se enmarcan en una moción presentada por Vox para derogar la ley LGTBI en la región, instando al Partido Popular (PP) a eliminar cualquier financiación destinada a iniciativas relacionadas con la «ideología LGTB».

Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el PP, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos, quienes acusaron a Vox de fomentar el odio y buscar un retroceso en los derechos sociales.

A nivel nacional, Vox ha presentado iniciativas similares en comunidades como Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Murcia y Cantabria. Estas propuestas incluyen la derogación de leyes LGTBI+ y trans, así como restricciones para las mujeres trans en el deporte de élite.

El PP ha rechazado algunas de estas iniciativas, destacando la importancia de proteger los derechos de las personas LGTBIQ+ y advirtiendo sobre el riesgo de instrumentalizar políticamente estos temas.

En respuesta a estos ataques, figuras como Carla Antonelli, diputada de Más Madrid, han defendido vigorosamente los derechos trans. Antonelli criticó la instrumentalización de los cuerpos trans como objeto de odio y afirmó que las personas trans no volverán a los márgenes de la sociedad.

Estas acciones de Vox han suscitado un amplio debate sobre la protección de los derechos LGTBIQ+ en España y el papel de las instituciones en la promoción de la igualdad y el respeto.

Es fundamental que la sociedad y sus representantes políticos trabajen conjuntamente para garantizar que los avances en derechos humanos no sean revertidos y que se promueva una convivencia basada en la diversidad y la inclusión.

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