Vox es poco patriota: se financia en el extranjero, incumple la Ley y sus dirigentes podrían acabar en la cárcel

El banco húngaro Magyar Bankholding (MBH) concedió a Vox un préstamo de 9,2 millones de euros para financiar las campañas electorales del año 2023. Así lo confirman fuentes del propio partido político. Esta entidad financiera tiene relación con el primer ministro de ese país, Viktor Orban.

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El delito de financiación ilegal de los partidos políticos es relativamente nuevo. Fue tipificado en 2015, y recogido en el artículo 304 bis del Código Penal. Se castiga con penas de prisión de entre seis meses y cuatro años. Además, se imponen cuantiosas multas, que van desde el triple hasta el quíntuple de las de las aportaciones recibidas fraudulentamente por los partidos.

Financiación poco ‘patriota’

Entre los hechos punibles está el de aceptar dinero de financiadores del extranjero, especialmente si van en contra de los intereses nacionales. Vox incumple la ley de financiación de los partidos políticos, que establece la obligación de dar publicidad a «la cuantía de los créditos pendientes de amortización, con especificación de la entidad concedente, el importe otorgado, el tipo de interés y el plazo de amortización». Vox no lo hizo.

«Lo hemos hecho y lo volveremos a hacer si hace falta» dicen en partido de ultraderecha español, por lo que no solo reconocen el delito, sino que muestran voluntad en volver a delinquir.

Este hecho se une a una sanción de 233.324,22 euros que VOX tendrá que pagar por financiación irregular. Así lo ha resuelto el Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador de los partidos políticos y del sector público, poniendo fin a un expediente sancionador iniciado en febrero, tras examinar las cuentas del partido ultra correspondientes a 2019.

Sin embargo, pocas personas conocen estos hechos, ya que la oligarquía mediática y empresarial española protege a Vox, por el resguardo que da a sus intereses. No cabe duda de que un ambiente mediático insistiendo en estos hechos podría provocar que desde fiscalía y otros ámbitos se emprendieran los movimientos necesarios para clarificar esta financiación irregular, y así suponer que Abascal y algunos de sus dirigentes acabaran en la cárcel.