Moreno Sanlés Alberto 
ElSolidario: La inquilina afirma haber desembolsado 77.587 euros durante estos 27 años en concepto de renta, mientras que el valor de venta fijado por Visocan es de 37.184 euros
La presidenta de la asociación “Viviendas Sociales en Lucha”, Araceli Refoyo, demanda a la empresa pública “Visocan” para exigir la entrega de la vivienda de protección oficial (VPO) que habita desde 1997 y de la que es adjudicataria dentro del II Plan Canario de Vivienda, llevado a cabo entre 1992 y 1995.
Según la demanda presentada el pasado verano, Refoyo solicita a la Justicia que se le reconozca como propietaria sin necesidad de abonar ninguna cantidad adicional. La inquilina afirma haber desembolsado 77.587 euros durante estos 27 años en concepto de renta, mientras que el valor de venta fijado por Visocan es de 37.184 euros.
El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Las Palmas ha admitido el caso a trámite, pero Visocan ha contraatacado en los tribunales. La empresa ha presentado una demanda contra Refoyo por el impago del alquiler desde enero de 2024, reclamándole 3.805 euros, al mismo tiempo que ha presentado una objeción de competencia. La Audiencia Provincial debe ahora resolver qué órgano judicial compete dictar sentencia.
Una larga espera por el acceso a la propiedad
Este conflicto legal tiene su origen en el Decreto aprobado por el Gobierno de Canarias en enero de 2023, que permite la venta de VPO anteriores a 1996, gestionadas tanto por el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) como por Visocan. Esta medida afecta a más de 10.500 viviendas, de las cuales unas 3.000 fueron adjudicadas en el marco del II Plan de Vivienda.
Refoyo es una más de cientos de inquilinos que esperaban que la aprobación del decreto acelerara un proceso de transmisión de la propiedad, que les fue prometido desde los años 90. Sin embargo, denuncian que Visocan está obstaculizando todos los trámites disponibles para alcanzar la propiedad de los pisos.
Ante este vacío institucional, la asociación Viviendas Sociales en Lucha ha presentado reclamaciones ante Visocan, el ICAVI y la Diputación del Común. También ha intensificado sus protestas con concentraciones en la sede del Gobierno en Las Palmas. Ahora, con la demanda de Refoyo, el conflicto alcanza su punto más álgido.
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