Fausto 
Tomado de El País/El Solidario. Las imágenes de este suceso recuerdan a prácticas propias de regímenes autoritarios o de épocas oscuras en la historia reciente.
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir el caso del apaleamiento de un muñeco con la figura de Pedro Sánchez ocurrido en 2022 en la calle Ferraz, al considerar que podría tratarse de un delito de injurias y amenazas graves contra el Gobierno.
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Esta decisión, en respuesta a una denuncia del PSOE, plantea la necesidad de analizar si actos de este tipo deben ser juzgados por su carga simbólica y su impacto en las instituciones democráticas.
Este no es solo un caso anecdótico de protesta exagerada o de mal gusto. Representa una escalada peligrosa en la normalización de discursos y acciones que cruzan los límites de la crítica legítima para entrar en el terreno de la intimidación y el odio.
Apalear públicamente un muñeco que representa al presidente del Gobierno no es un acto inocente; es una manifestación de violencia simbólica que puede alimentar la polarización social y la deslegitimación de las instituciones democráticas.
El trasfondo de un acto violento
El caso del muñeco de Sánchez no surge en el vacío. Se enmarca en una realidad política en el que la crispación y el uso de un lenguaje incendiario se han convertido en herramientas habituales de ciertos sectores. Las imágenes de este suceso recuerdan a prácticas propias de regímenes autoritarios o de épocas oscuras en la historia reciente, donde la violencia simbólica fue el preludio de actos más graves.
Lo preocupante es cómo estas expresiones de odio son banalizadas por algunos líderes y figuras públicas, que las justifican como «formas legítimas de protesta». Este tipo de discursos no solo ignoran el daño que generan, sino que también contribuyen a trivializar la importancia del respeto mutuo y el diálogo en una democracia.
¿Dónde ponemos el límite?
La libertad de expresión es un pilar fundamental de nuestra sociedad, pero tiene límites claros: no puede ser utilizada como excusa para amenazar o denigrar a instituciones o personas. Permitir que actos como este queden impunes envía un mensaje peligroso de permisividad hacia la violencia.
La pregunta que debemos hacernos es clara: ¿cómo queremos proteger nuestra democracia de la erosión que generan estos discursos de odio? La respuesta está en la firmeza de nuestras instituciones y en la responsabilidad de la ciudadanía para rechazar cualquier forma de violencia, sea simbólica o real.
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