Urgencia sanitaria y social: España refuerza la detección y prevención de la mutilación genital femenina
Alfonsina 
Cuchilla usada para la mutilación genital femenina. El Solidario/ Getty images
La mutilación genital femenina (MGF) es una práctica que afecta a más de 200 millones de mujeres y niñas en todo el mundo, según datos de la ONU. En España, se estima que actualmente más de 3.600 niñas están en riesgo de sufrir esta violación de los derechos humanos. La llegada de pacientes migrantes provenientes de países donde esta es una práctica común plantea desafíos significativos para el sistema sanitario, especialmente en el ámbito de la pediatría.
La concientización social sobre las prácticas dañinas de la MGF ha aumentado en las últimas décadas, impulsada por campañas de sensibilización y educación. En las sociedades occidentales, se han implementado protocolos específicos para abordar esta problemática. Por ejemplo: el «Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Mutilación Genital Femenina» del Ministerio de Sanidad español que establece directrices claras para la prevención y atención estos casos.
Los profesionales sanitarios, especialmente en atención primaria y pediatría, desempeñan un papel crucial en la detección precoz. De modo que es esencial que estén capacitados para identificar signos físicos y comportamentales que puedan indicar que una niña o adolescente está en riesgo. Además, deben estar atentos a familias provenientes de regiones donde esta es una práctica habitual, ya que ellas pueden ser llevadas a sus países de origen para someterse al procedimiento durante periodos vacacionales.
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Los protocolos de actuación incluyen la notificación a las autoridades competentes, la provisión de apoyo psicológico y social a las afectadas y la colaboración con organizaciones especializadas en la erradicación de la misma. Además, la reeducación y sensibilización de las comunidades migrantes son fundamentales para prevenir nuevos casos y proteger a las niñas en riesgo.
¿Cómo podemos mejorar?
Esta lucha es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración de toda la sociedad. La formación continua de los profesionales sanitarios, la sensibilización de las comunidades y la aplicación efectiva de los protocolos existentes son pasos esenciales para garantizar que ninguna niña en España sea víctima de esta costumbre perjudicial.
Al abordarla desde una perspectiva de derechos humanos y salud pública, se avanza hacia una sociedad más justa y equitativa para todos.
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