Trump resucita ley de 1798 para deportar venezolanos y la Corte Suprema frena su abuso de poder
Delismar González Tortolero 
la Corte Suprema frena su abuso de poder
El Presidente Donald Trump ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a más de 230 venezolanos, acusándolos de pertenecer al Tren de Aragua, una banda criminal. Esta ley, diseñada para tiempos de guerra, permite al presidente detener y expulsar a ciudadanos de países enemigos sin juicio previo. Sin embargo, la Corte Suprema de EE. UU. ha intervenido, bloqueando temporalmente estas deportaciones y exigiendo que se respeten los derechos fundamentales de los afectados.
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La administración Trump utilizó esta ley para justificar la deportación de venezolanos detenidos en Texas, enviándolos a El Salvador sin el debido proceso legal.
El juez federal James E. Boasberg suspendió estas deportaciones, señalando que muchos de los acusados fueron identificados por características físicas como tatuajes o cortes de cabello, sin pruebas concluyentes de su vinculación con actividades criminales.
La ACLU y otras organizaciones de derechos civiles han denunciado estas acciones como violaciones flagrantes de los derechos humanos.
La Corte Suprema, en una decisión dividida, ha determinado que los migrantes tienen derecho a ser notificados y a impugnar su deportación en un «tiempo razonable».
Esta intervención judicial ha sido vista como un freno necesario a las políticas migratorias extremas de Trump, que buscan criminalizar a comunidades enteras sin pruebas ni procesos legales adecuados.
Líderes progresistas como Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders han criticado duramente estas medidas, clasificándolas de inhumanas y contrarias a los valores fundamentales de justicia y equidad.
Ambos han instado a una reforma migratoria que respete los derechos de todos los individuos, independientemente de su origen.
El uso de una ley de guerra del siglo XVIII para justificar deportaciones masivas en el siglo XXI es una señal alarmante del retroceso en materia de derechos humanos. La sociedad civil, junto con líderes progresistas y el poder judicial, debe continuar vigilante y activa para garantizar que las políticas migratorias se basen en el respeto a la dignidad humana y no en el miedo o la xenofobia.
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