Fausto 
Pocos cambios, tras un año de implementación
Tras un año de su entrada en vigor, la Ley General de Telecomunicaciones, conocida como la ley anti-spam, ha enfrentado desafíos significativos. Diseñada para proteger a los consumidores de las llamadas comerciales no deseadas, la ley establece multas de hasta 100.000 euros para las infracciones leves y hasta 20 millones de euros para las más graves.
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A pesar de las buenas intenciones, la ley ha tenido un impacto limitado. Las excepciones legales han permitido que ciertas llamadas comerciales continúen, especialmente aquellas basadas en el “interés legítimo” según el artículo 66.1.b de la normativa europea de tratamiento de datos personales.
Hecha la ley, hecha la trampa
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado un trámite de audiencia para recabar opiniones sobre la aplicación de la ley, buscando clarificar en qué casos se podrán seguir recibiendo llamadas comerciales. Expertos en derecho digital, como Borja Adsuara, señalan que el “interés legítimo” podría dar lugar a interpretaciones que permitan la continuación de estas prácticas.
Es crucial que los consumidores estén informados sobre sus derechos y las excepciones de la ley. Si se reciben llamadas comerciales no deseadas, se debe reportar a la AEPD para ayudar a mejorar la efectividad de la normativa. La participación ciudadana es esencial para cerrar los resquicios legales y asegurar que la ley cumpla su propósito de proteger la privacidad de los consumidores.
Se necesita, urgentemente, una legislación clara y sin ambigüedades para proteger eficazmente a los consumidores de prácticas invasivas como las llamadas comerciales no deseadas. A medida que la AEPD trabaja para afinar la ley, la colaboración entre ciudadanos, expertos y autoridades será clave para su éxito.
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