Un hombre ha sido condenado a siete años de cárcel por el Tribunal de la Audiencia Provincial de Córdoba tras ser hallado culpable de violar a una mujer que no podía dar su consentimiento debido a un estado de embriaguez severa.
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La sentencia establece que los hechos ocurrieron en septiembre de 2019, cuando el condenado y la víctima asistieron a una fiesta en un pub en la capital cordobesa. Según el tribunal, el acusado se aprovechó del estado de vulnerabilidad de la mujer, quien estaba incapacitada para expresar su consentimiento debido a una ingesta excesiva de alcohol. Durante el juicio, la defensa del hombre argumentó que las relaciones fueron consentidas, pero las pruebas forenses y los testimonios de testigos desmintieron esta versión.
El tribunal también destacó que la víctima presentaba un alto grado de afectación emocional tras los hechos, lo que reforzó la gravedad de lo ocurrido. La sentencia pone en valor la importancia del consentimiento en cualquier tipo de relación sexual y señala que la embriaguez de la víctima fue utilizada como un medio para cometer el delito.
Las penas
El procesado ha sido condenado por un delito de agresión sexual a una pena de siete años y seis meses de prisión, junto con nueve años de alejamiento de la víctima y siete años de libertad vigilada. Además, deberá indemnizar a la víctima con 200 euros por lesiones físicas y 7.800 euros por daños morales. Sin embargo, ha sido absuelto de un segundo cargo de agresión sexual contra otra mujer. La sentencia aún puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Llamado a la concienciación y prevención en casos de agresiones sexuales
Este caso subraya la necesidad de reforzar la educación sobre el consentimiento y el respeto en las relaciones interpersonales. Las organizaciones feministas y defensoras de los derechos de las mujeres han expresado su preocupación por la alta incidencia de agresiones sexuales en contextos de vulnerabilidad como el abuso de sustancias. Además, han hecho un llamado a las instituciones para mejorar las políticas de prevención y protección de las víctimas.
La condena refleja el compromiso de la Justicia con la defensa de los derechos de las mujeres, pero también resalta la urgencia de abordar las raíces estructurales de la violencia de género en la sociedad. Combatir la normalización de estas agresiones es clave para garantizar un entorno seguro y respetuoso para todos.
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