
La Secretaria Autonómica de Universidades, María Esther Gómez // El Diario.es // El Solidario
La Secretaria Autonómica de Universidades, María Esther Gómez, reconoce en las Corts Valencianes que desconocía que la Universidad había cerrado preventivamente la víspera del 29 de octubre declarando que «la Universitat de València decidió cerrar el día 28, pero a mí ni siquiera me lo comunicó«, y añadió «en su defensa» que «las universidades tienen autonomía en la toma de decisiones de apertura y cierre”.
La gestión de la emergencia provocada por la DANA en la Comunitat Valenciana ha generado críticas generalizadas por parte de sectores académicos y sociales. Las alertas emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advertían con días de antelación sobre lluvias torrenciales que afectarían a la región. Pese a ello, la Generalitat Valenciana no activó protocolos de suspensión de clases ni medidas preventivas a tiempo.
En contraste, la Universitat de València (UV) suspendió las actividades presenciales el mismo día 28 tras valorar la alerta roja emitida por AEMET. El rectorado justificó la decisión como medida de precaución para proteger a alumnado, profesorado y personal. Esta actuación se basó en información pública disponible y se adoptó antes del mediodía, mientras las autoridades autonómicas seguían sin tomar decisiones concretas.
Inacción institucional frente a la DANA en Valencia
La secretaria autonómica de Universidades, María Esther Gómez, declaró que no se había producido ninguna “orden formal” de suspensión de clases por parte de la Conselleria de Educación, pese a que la UV informó de su decisión con antelación suficiente. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, justificó la falta de respuesta institucional alegando que no era “competencia directa” del Consell ordenar cierres de centros universitarios.
Numerosas organizaciones han denunciado esta descoordinación y falta de responsabilidad institucional. La Asociación de Estudiantes Universitarios Valencianos calificó de “negligente” la actitud del ejecutivo autonómico y exigió garantías para futuras emergencias climáticas.
La falta de reacción ante alertas claras y contrastadas plantea interrogantes sobre la preparación del gobierno valenciano frente a fenómenos meteorológicos extremos. La ciudadanía exige una gestión pública eficaz y coordinada que priorice la seguridad y el bienestar colectivo además de la depuración inmediata de responsabilidades.
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