Revelación indignante: Los “Protocolos de la Vergüenza” de Ayuso se aplicaban antes del estado de alarma
Fausto 
Ilustración: El Solidario. Durante los primeros meses de la pandemia, más de 7.000 ancianos murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid sin recibir atención hospitalaria.
Una reciente investigación ha sacado a la luz que los “protocolos de la vergüenza” implementados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid comenzaron a aplicarse antes de la declaración del estado de alarma por la COVID-19.
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Estos protocolos, que impedían el traslado de ancianos de residencias a hospitales, han sido objeto de duras críticas por su impacto devastador en la población más vulnerable.
Impacto devastador en las residencias
El estudio, liderado por el profesor François Béland de la Universidad de Montreal, revela que las derivaciones hospitalarias comenzaron a disminuir significativamente desde el 7 de marzo de 2020, más de una semana antes de la publicación oficial de los protocolos.
Esta revelación ha generado una ola de indignación y ha puesto en el punto de mira la gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno regional.
Durante los primeros meses de la pandemia, más de 7.000 ancianos murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid sin recibir atención hospitalaria.
Los protocolos de derivación, que excluían a personas en función de su dependencia o discapacidad, han sido calificados de inhumanos y discriminatorios.
Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales, ha denunciado públicamente que estos protocolos dejaron a los residentes «abandonados a su suerte».
La respuesta de la justicia
Tres años después de la implementación de estos protocolos, la justicia ha comenzado a investigar las responsabilidades del Gobierno de Ayuso.
El juez Arturo Zamarriego, del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, ha interrogado a Carlos Mur, exdirector general de coordinación sociosanitaria, y a Alberto Reyero, quienes han testificado sobre la falta de atención a los ancianos en las residencias.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares de las víctimas han exigido transparencia y justicia. La Marea de Residencias y Verdad y Justicia han convocado vigilias y manifestaciones para recordar a las víctimas y exigir responsabilidades. La presión pública es esencial para asegurar que se haga justicia y se implementen políticas que protejan a los más vulnerables.
FUENTES: El Diario : La Sexta
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