Marita 
Tomada de Rosell: Ordenación Territorial: La reinvención imperfecta
La reciente aprobación de una ley ambiental en Andalucía ha generado controversia entre expertos y colectivos ecologistas, quienes cuestionan su efectividad al no otorgar a la administración ambiental competencias directas sobre el agua y la ordenación del territorio.
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Esta decisión deja en manos de otros organismos la gestión de recursos clave, lo que podría limitar la capacidad de respuesta ante desafíos como la crisis climática y la preservación de los ecosistemas.
Desafíos urgentes sin una autoridad clara para el agua y el territorio
En una comunidad como Andalucía, donde más del 30% de las reservas hídricas se encuentran en estado crítico, la gestión sostenible del agua es un asunto prioritario. Sin embargo, la nueva normativa ambiental delega esta responsabilidad en organismos sectoriales, dificultando la implementación de políticas integrales que conecten la gestión del agua con la ordenación del territorio.
Según informes de organizaciones ambientales, la falta de coordinación entre administraciones podría agravar problemas como la sobreexplotación de acuíferos, la expansión descontrolada de urbanizaciones y la pérdida de biodiversidad en humedales como Doñana, uno de los ecosistemas más emblemáticos de Europa.
Además, la ley no incorpora mecanismos efectivos para garantizar que las decisiones sobre el uso del suelo y los recursos hídricos respeten los principios de justicia ambiental y los derechos de las comunidades rurales, que suelen ser las más afectadas por estas políticas.
¿Una oportunidad perdida para liderar la sostenibilidad?
Aunque la normativa promete simplificar los trámites administrativos y fomentar la actividad económica, muchos critican que esta simplificación podría abrir la puerta a proyectos que prioricen el desarrollo económico sobre la protección del medio ambiente. La falta de autoridad directa sobre recursos esenciales limita la capacidad de actuar frente a emergencias ambientales y garantizar un modelo sostenible para las próximas generaciones.
Este enfoque contrasta con las demandas internacionales de adoptar medidas más ambiciosas contra la crisis climática, como la gestión integrada de recursos y la preservación del entorno natural como una prioridad estratégica.
¿Quién protege nuestros recursos naturales?
La falta de autoridad ambiental directa plantea una pregunta urgente: ¿cómo garantizar una gestión justa y sostenible del agua y el territorio sin un organismo centralizado que coordine las decisiones?
En un contexto de crisis climática global, Andalucía necesita un marco legal que no solo facilite la actividad económica, sino que también priorice la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades. ¿Qué opinas de esta ley?
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