Fatima Makhoukh 
Archivo/ELSOLIDARIO.Coche de los Mossos d'Esquadra en el Aeropuerto del Prat (Barcelona).
La Generalitat de Cataluña gestionará los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y asumirá el control de la seguridad en puertos, aeropuertos y zonas críticas, gracias al acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts para la delegación de competencias en materia de inmigración. Este pacto, que refuerza el papel de los Mossos d’Esquadra en la vigilancia de infraestructuras estratégicas, responde a una de las principales demandas de los independentistas catalanes en el marco de las negociaciones con el Gobierno central.
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Según el pacto entre PSOE y Junts, Cataluña se convertirá en una “ventanilla única” para gestionar autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración de personas migrantes. Además, la Generalitat será responsable de expedir el documento de identidad para extranjeros, asumiendo competencias clave en materia de extranjería.
La medida se enmarca dentro de los compromisos adquiridos por el Gobierno central con Junts, como parte de la estrategia del PSOE para garantizar la estabilidad parlamentaria. De esta manera, Cataluña se convierte en la primera comunidad autónoma con competencias sobre la gestión de expulsiones de personas migrantes con residencia legal, una cuestión hasta ahora exclusiva del Estado.
Descentralización y soberanía migratoria
Este acuerdo responde a la reivindicación histórica de Cataluña de ganar competencias en materia de extranjería, un área clave en un territorio con una fuerte diversidad cultural y una significativa presencia de población migrante. Con esta cesión, la Generalitat podrá decidir qué procedimientos aplicar en casos de expulsión, especialmente en situaciones vinculadas a delitos o infracciones graves.
Impacto en derechos y políticas migratorias
Desde un enfoque progresista, este nuevo marco de gestión ofrece la posibilidad de humanizar las políticas migratorias, adaptándolas a la realidad social catalana y priorizando el respeto a los derechos humanos. Organizaciones de defensa de los migrantes han mostrado cautela, recordando que el traspaso de competencias no debe traducirse en un aumento de las expulsiones, sino en una gestión más garantista y ajustada al contexto territorial.
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