Fausto 
Archivo/El Solidario. Isabel Díaz Ayuso y su pareja, Alberto González Amador.
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que concluye que no existen mensajes en el teléfono del fiscal general Álvaro García Ortiz relacionados con el polémico correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, parece ser un intento más de desviar la atención sobre el fondo del asunto: las acusaciones de fraude fiscal que recaen sobre el entorno cercano a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
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Entre el 8 y el 14 de marzo, las aplicaciones de mensajería del dispositivo analizado no reflejan actividad alguna, pero este vacío no exime la necesidad de investigar con profundidad.
El intento de Ayuso y su pareja de centrar el debate en supuestas irregularidades por parte de la Fiscalía y no en los señalamientos que los involucran, deja en evidencia una estrategia clásica de distracción.
En lugar de responder con transparencia sobre las acusaciones, se opta por desacreditar a las instituciones, sembrando dudas sobre su imparcialidad. Sin embargo, hasta el momento no hay pruebas que respalden sus insinuaciones, mientras las sospechas sobre su actuación fiscal permanecen.
Ataques hostiles e infundados contra la justicia
La Fiscalía ha demostrado un compromiso por esclarecer este caso dentro del marco legal, pero enfrenta un entorno político hostil que busca tergiversar los hechos.
Resulta preocupante cómo desde ciertos sectores se cuestiona la labor de instituciones fundamentales para el Estado de derecho, en un intento por blindar intereses particulares.
La estrategia de victimización no debería ser el escudo que proteja a quienes están en el poder. En un Estado democrático, las responsabilidades deben asumirse, y la justicia debe prevalecer por encima de los intereses políticos.
Ayuso y su entorno tienen una obligación ética y política de responder por las acusaciones que enfrentan, en lugar de construir narrativas que solo erosionan la confianza pública.
¿Permitiremos que estrategias de distracción desvirtúen la labor de las instituciones que velan por la igualdad ante la ley? La transparencia y la justicia deben prevalecer para garantizar una sociedad equitativa y responsable.
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