
La represión encubierta del Estado vuelve a quedar al descubierto. Un nuevo caso de infiltración policial ha salido a la luz en Lleida, donde un agente de la Policía Nacional pasó dos años haciéndose pasar por activista en distintos movimientos sociales. Sin embargo, una vez más, la pregunta es inevitable: ¿por qué estas tácticas solo se usan contra organizaciones de izquierda, mientras que la extrema derecha actúa con total impunidad?
El agente, que utilizó la identidad falsa de Joan Llobet Garcia, logró integrarse en colectivos como el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) y movimientos ecologistas. Durante dos años, asistió a reuniones, protestas y eventos con el objetivo de espiar y sabotear la lucha de quienes defienden la justicia social, el medio ambiente y los derechos de la clase trabajadora.
Este caso no es un hecho aislado. En los últimos años, se han destapado varias infiltraciones policiales en movimientos progresistas y antifascistas, con agentes encubiertos insertándose en espacios feministas, ecologistas y estudiantiles. Mientras tanto, la extrema derecha campa a sus anchas, organizando actos de odio, señalando a periodistas y sembrando discursos racistas sin que el Estado mueva un dedo para vigilarlos.
La infiltración en Lleida pone de manifiesto cómo el aparato policial actúa como herramienta de control político contra quienes luchan por un mundo más justo. El espionaje y la persecución no buscan garantizar la seguridad pública, sino desactivar la movilización social y generar miedo.
¿Quién protege a los que luchan por los derechos humanos? ¿Por qué no se infiltran en movimientos de extrema derecha?
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