A partir de 2025, los requisitos para ingresar a España y otros países de la Unión Europea cambiarán de manera significativa con la implementación del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS).
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Este nuevo sistema busca reforzar la seguridad fronteriza, pero ha generado preocupaciones sobre su impacto en la movilidad internacional y el acceso igualitario de los viajeros, especialmente de países con menos recursos.
Un cambio que afectará a millones de viajeros
El ETIAS, que se aplicará a ciudadanos de más de 60 países exentos de visado, requerirá que los visitantes soliciten una autorización previa antes de viajar. Este permiso, que tendrá un costo aproximado de 7 euros, será obligatorio incluso para estancias cortas de turismo, negocios o tránsito, y estará vinculado electrónicamente al pasaporte del solicitante.
Según datos de la Comisión Europea, se estima que más de 1.400 millones de personas en todo el mundo necesitarán gestionar este trámite para ingresar al espacio Schengen. Aunque la autorización será válida por hasta tres años, muchos temen que el proceso agregue barreras adicionales para quienes ya enfrentan dificultades económicas o limitaciones tecnológicas.
Control fronterizo o exclusión
Si bien las autoridades europeas defienden la medida como una herramienta para reforzar la seguridad y prevenir el ingreso irregular al bloque, organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado preocupación por el impacto desigual del ETIAS.
“La digitalización de los controles fronterizos puede convertirse en una forma de exclusión para quienes no tienen acceso fácil a Internet o no cuentan con los medios económicos necesarios”, advierten activistas. Además, esta política podría afectar el derecho a la libre circulación de personas, un principio clave en la lucha por la igualdad y los derechos humanos.
Por otro lado, las familias migrantes y quienes viajan por razones humanitarias podrían enfrentar mayores obstáculos, complicando situaciones ya de por sí delicadas. Este nuevo sistema pone sobre la mesa el debate sobre cómo equilibrar seguridad y accesibilidad sin vulnerar los derechos fundamentales.
¿Cómo garantizar que las medidas de seguridad no se conviertan en barreras de exclusión? El desafío está en implementar políticas que no solo prioricen la protección, sino también la equidad y el respeto a los derechos humanos.
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