El precio por defender el derecho a la vivienda son multas y represión
Alfonsina 
Archivo/ELSOLIDARIO. Una manifestación contra el desahucio .
Activistas veteranos como Israel denuncian una «represión sistemática» que se intensificó tras las manifestaciones masivas de octubre de 2024 por el derecho a la vivienda.
Estrategia de desgaste contra colectivos vecinales
Las multas se imponen por supuestas infracciones como «obstaculizar a la Policía» o «proferir insultos», amparándose en la controvertida Ley Mordaza. Pero los testigos aseguran que las concentraciones fueron pacíficas y que los procedimientos buscan intimidar y disuadir. La Policia acude horas antes de los desalojos y tiene perfectamente identificados a los activistas.
Otros colectivos, como la Asamblea de Vivienda de Tetuán o la de Villalba, también denuncian multas de hasta 15.000 euros. Los expedientes se acumulan, desde concentraciones en desahucios hasta acciones simbólicas por el empadronamiento de vecinas sin contrato. Incluso el Sindicato de Inquilinas de Madrid ha recibido sanciones por protestar.
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Multas como herramienta de represión
Según el informe Diagnóstico del derecho a la protesta, el movimiento por la vivienda fue en 2024 el segundo más multado del Estado, solo por detrás del ecologista. La plataforma No Somos Delito denuncia que la represión está dirigida especialmente contra quienes luchan por el derecho a la vivienda y Palestina.
Ante este contexto, los movimientos sociales se organizan con cajas de resistencia comunes para hacer frente a la ofensiva institucional. Saben que las sanciones continuarán, pero también están convencidos de que no lograrán frenar la lucha por un derecho tan básico como tener un techo.
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