La reciente decisión del Gobierno de Juanma Moreno Bonilla de cerrar el único centro en toda Andalucía destinado a atender a víctimas de violencia de género con adicciones ha desatado críticas y consternación entre colectivos sociales y expertos en derechos humanos.
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Este centro, que al momento de su clausura acogía a 25 mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad, era un recurso esencial para garantizar su recuperación y reintegración social.
El cierre de este servicio supone un grave retroceso en la lucha contra la violencia de género y en el abordaje integral de las adicciones, que muchas veces están ligadas a los traumas derivados de la violencia. Para estas mujeres, este centro representaba no solo un refugio, sino también una oportunidad de reconstruir sus vidas lejos del abuso y la dependencia.
Un cierre que deja sin alternativas a las más desprotegidas
La desaparición de este centro en Andalucía, una comunidad que ya arrastra carencias en los servicios sociales, demuestra la falta de prioridad del actual gobierno en la atención a las mujeres víctimas. La combinación de violencia machista y adicciones requiere de una intervención especializada que difícilmente puede suplirse con recursos generalistas.
La decisión ha sido ampliamente criticada por organizaciones feministas, que denuncian que el cierre se inscribe en una estrategia de recortes que afecta especialmente a los sectores más vulnerables. Estas mujeres no solo enfrentan la marginación social por sus adicciones, sino también el abandono institucional, que agrava su exclusión.
Recortes que atentan contra los derechos humanos
El cierre de este centro contradice el discurso de Moreno Bonilla sobre su compromiso con la lucha contra la violencia de género. Mientras se llenan titulares con promesas vacías, se desmantelan recursos imprescindibles para atender a las mujeres que más lo necesitan.
Las organizaciones y la sociedad civil exigen la reapertura del centro y la implementación de políticas públicas que garanticen un enfoque integral para las mujeres víctimas de violencia de género con adicciones. El abandono de estas mujeres no solo es inhumano, sino también un fracaso rotundo del Estado en su responsabilidad de protegerlas.
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