Miles de familias vulnerables en España enfrentan la amenaza inminente de desahucio tras el fin de la moratoria que las protegía durante la pandemia. Colectivos advierten que la decisión de Junts, Partido Popular y Vox de bloquear la ley con la moratoria antidesahucios, que evitó 58.000 lanzamientos en cuatro años, podría desatar un aumento alarmante del sinhogarismo.
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La moratoria de desahucios, implementada como medida temporal para proteger a las familias más afectadas por la crisis sanitaria y económica, expiró recientemente sin una prórroga que contemple la situación actual. Esta protección legal había brindado un respiro a muchas personas que, debido a la pérdida de ingresos, no podían hacer frente al pago de sus alquileres o hipotecas.
Organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otros colectivos por la vivienda han alzado la voz contra esta decisión. Recientemente, protestaron frente a la sede de Junts en Barcelona, señalando al partido por su rechazo al decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados, lo que impidió la extensión de la moratoria y otras medidas sociales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado su intención de aprobar un nuevo decreto que incluya la suspensión de desahucios para familias vulnerables. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha concretado ninguna medida, dejando a miles de familias en una situación de incertidumbre y vulnerabilidad.
Desmintiendo a la oposición
El PP ha pedido un decreto sobre pensiones y ayudas sociales, excluyendo la moratoria, que expiró en diciembre de 2025. Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que la medida «no ha beneficiado a nadie» y que promovió la ocupación ilegal.
Un informe del Observatori DESCA desmiente la oposición y estimó que la moratoria antidesahucios evitó unos 58.000 lanzamientos en cuatro años, protegiendo a miles de familias vulnerables. Sin embargo, la moratoria solo cubrió desahucios por impagos o extinción de contratos de alquiler y ciertos casos de ocupaciones, no deteniendo todos los desahucios. En 2023, se ejecutaron más de 26.000 lanzamientos, lo que muestra que la medida no fue suficiente para frenar la crisis habitacional.
Sin la protección de la moratoria, muchas familias se enfrentan a la posibilidad real de perder sus hogares, lo que agravaría aún más su situación de precariedad. Las autoridades tienen que tomar medidas urgentes para garantizar el derecho a una vivienda digna y evitar una crisis habitacional de magnitudes alarmantes.
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