
Foto: EP/El Solidario. Miguel Ángel Rodríguez y la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso.
La estrategia judicial de Alberto González Amador, empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, parece seguir un guión cuidadosamente diseñado por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta madrileña. Mientras González Amador enfrenta acusaciones por dos delitos fiscales y falsificación de documentos, la respuesta desde su entorno ha sido clara: desviar el foco y sembrar la confusión mediática.
La táctica no es nueva. Rodríguez, conocido por su estilo agresivo y su dominio de la comunicación política, ha optado por victimizar a Ayuso, sugiriendo que la investigación contra su pareja es un ataque político orquestado por el gobierno central. En lugar de enfrentar las acusaciones con transparencia, la defensa se basa en mentiras y distracciones, como las ya desmentidas insinuaciones de que el caso fue filtrado desde Moncloa.
La estrategia de distracción también incluye el silencio procesal de González Amador, quien se acogió a su derecho a no declarar mientras se evalúa si la investigación se amplía a más delitos. En paralelo, Ayuso evita abordar el fondo del problema y se limita a denunciar una supuesta persecución política, sin responder a la pregunta clave: ¿Su pareja defraudó o no a Hacienda?
Este caso no solo afecta la credibilidad del gobierno de Ayuso, sino que también expone cómo el aparato comunicativo del poder puede ser utilizado para proteger a los suyos mientras se criminaliza a los críticos.
La ciudadanía merece algo más que maniobras de distracción y discursos victimistas. Si la presidenta madrileña defiende la transparencia y la ejemplaridad, debería ser la primera en exigir que su pareja aclare su situación ante la justicia, sin excusas ni cortinas de humo.
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