Menores tuteladas, víctimas invisibles de las mafias sexuales: el sistema de protección en entredicho
Delismar González Tortolero 
ponen de manifiesto las deficiencias estructurales del sistema de protección de menores
En España, al menos 1.100 menores tutelados han denunciado abusos sexuales desde 2019, evidenciando una alarmante exposición de estos niños y niñas a redes de explotación sexual. Casos recientes, como el de una red desarticulada en Barcelona que captaba a menores tuteladas a través de redes sociales, ponen de manifiesto las deficiencias estructurales del sistema de protección de menores y la urgente necesidad de reformas profundas para garantizar su seguridad y bienestar.
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El caso de Teófilo Lapeña, acusado de liderar una red que explotaba sexualmente a menores tuteladas en Barcelona, ha sacudido la opinión pública. Este individuo, presuntamente, captaba a niñas de entre 12 y 16 años mediante aplicaciones de citas y redes sociales, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.
La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) ha sido objeto de críticas por su gestión en estos casos. Educadores y profesionales del sector denuncian la falta de recursos, protocolos ineficaces y una escasa supervisión en los centros de acogida, factores que facilitan la captación de menores por parte de redes criminales .
En respuesta, la Generalitat de Cataluña ha anunciado una reforma del sistema de protección de menores, que incluye la reestructuración de la DGAIA y la implementación de nuevos protocolos de prevención y detección de abusos.
Sin embargo, los expertos advierten que estas medidas podrían ser insuficientes si no se abordan las causas estructurales de la vulnerabilidad de los menores tutelados.
A nivel nacional, las cifras son igualmente preocupantes. En 2024, las fuerzas de seguridad liberaron a 1.794 víctimas de trata y explotación, de las cuales 32 eran menores . Estas estadísticas reflejan una problemática extendida que requiere una respuesta coordinada y eficaz por parte de todas las administraciones.
La recurrente exposición de menores tutelados a redes de explotación sexual pone en evidencia las fallas de un sistema que debería ser su principal garante de protección.
Es necesario que las autoridades no solo implementen reformas estructurales, sino que también aseguren recursos adecuados, formación especializada para el personal y una supervisión efectiva. Solo así se podrá reconstruir la confianza en las instituciones y garantizar que ningún niño o niña bajo tutela del Estado sea víctima de abusos.
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