Fatima Makhoukh 
Archivo/ELSOLIDARIO.Dos personas se cogen de la mano en una residencia.
En 2024, un total de 34.230 personas fallecieron en España mientras esperaban recibir la prestación o el servicio al que tenían derecho por su situación de dependencia. Así lo revela el informe anual de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que denuncia la persistente lentitud y el colapso en el sistema de atención a la dependencia, un problema que afecta directamente a miles de familias y evidencia las carencias estructurales en el cuidado de las personas mayores y con discapacidad.
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A cierre de 2024, más de 270.000 personas seguían atrapadas en la conocida como «lista de espera de la dependencia», ya sea porque todavía no se les había reconocido su grado de dependencia o porque, pese a tenerlo reconocido, no habían comenzado a recibir el servicio o la prestación económica asignada. Esta situación, que se repite año tras año, muestra cómo el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) sigue sin ser capaz de responder con agilidad a las necesidades reales de la ciudadanía.
El informe destaca que, aunque el Gobierno central ha incrementado en los últimos años la financiación destinada al sistema de dependencia, muchas comunidades autónomas siguen sin reforzar adecuadamente sus plantillas y recursos, lo que provoca graves retrasos administrativos. En promedio, una persona dependiente debe esperar alrededor de 384 días para recibir la ayuda, muy por encima de los 180 días máximos establecidos por la ley. Esta espera es especialmente preocupante en un contexto de envejecimiento acelerado de la población española, donde cada vez más personas mayores requieren apoyos para poder vivir con dignidad.
Desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales califican esta situación como una vulneración de derechos y advierten de que el sistema actual sigue cronificando un modelo asistencial insuficiente, burocratizado y desigual entre territorios. Comunidades como Canarias, Andalucía o Cataluña presentan las peores cifras de espera y cobertura, lo que evidencia una fuerte brecha territorial en el acceso a estos derechos básicos.
Los datos de 2024 reflejan que, pese a los avances legislativos y las mejoras puntuales en financiación, el derecho a la atención a la dependencia sigue siendo papel mojado para miles de personas que ven cómo su esperanza de vida se agota antes de recibir una ayuda esencial. Esta realidad debería encender todas las alarmas, ya que una sociedad que abandona a sus mayores y dependientes es una sociedad que falla en sus principios más básicos de justicia y dignidad.
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