Sheila Ibañez 
La mutilación genital femenina se declaró ilegal en Gambia en 2015, pero la aplicación efectiva de la ley es una asignatura pendiente. Archivo: El Solidario
El Parlamento de Gambia ha decidido mantener la prohibición sobre la mutilación genital femenina (MGF), una práctica ilegal en el país desde 2015. Esta decisión se tomó después de un prolongado debate político y social de cuatro meses. Una mayoría de 33 diputados votó en contra del proyecto de ley que buscaba despenalizar la MGF; mientras que 19 votaron a favor.
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El Parlamento no puede involucrarse en un ejercicio tan inútil como permitir que el proyecto de ley pase a una tercera lectura
Fabakary Tombong Jatta, presidente de la Asamblea Nacional
Reacción de la sociedad civil y activistas
La decisión fue recibida con alivio por parte de colectivos de la sociedad civil que han trabajado arduamente para mantener la ilegalidad de esta práctica. La activista Fatou Baldeh expresó su satisfacción en la red social X. En esa plataforma agradeció a los diputados por «haber hecho lo correcto». También subrayó la necesidad de aplicar la ley de 2015 con mayor rigor. Según datos de Unicef, un 76% de las mujeres gambianas de entre 15 y 49 años han sido víctimas de MGF.
Adriana Kaplan, de la ONG Wassu Gambia Kafo, también celebró la decisión como «toda una conquista»; y enfatizó la importancia de hacer cumplir la legislación vigente.
Contexto y desafíos futuros sobre la mutilación genital femenina
El proyecto de ley, presentado por el diputado Almameh Gibba, consideraba la MGF como una práctica cultural y religiosa profundamente arraigada. Aunque fue aprobado en segunda lectura el pasado 18 de marzo con una amplia mayoría; la revisión por un comité parlamentario concluyó que debía mantenerse la prohibición para proteger la salud de niñas y mujeres.
El informe del comité resaltó las complicaciones sanitarias asociadas con la MGF y urgió al gobierno a reforzar la ley de 2015. Este proceso fue observado de cerca por organismos internacionales, ONG y donantes, dada la precariedad económica del país. Según el Programa de la ONU para el Desarrollo alrededor del 40% de la población vive en la pobreza.
Implementación y retos legales
A pesar de la ley de 2015, hasta el año pasado no se había encarcelado a nadie por practicar la MGF. En agosto de 2023, un juez condenó a una circuncidadora y dos madres por realizar esta práctica a ocho niñas. Sin embargo, las multas impuestas fueron pagadas por el imam Fatty; un líder religioso que promueve la ablación como parte de la religión musulmana.
Esta situación resalta la necesidad de fortalecer la aplicación de la ley; y garantizar que no haya impunidad para quienes perpetúan esta violación de los derechos humanos.
*Con datos de El País
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