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Archivo/ELSOLIDARIO. Veterinario.
El próximo 11 de febrero, los veterinarios andaluces llevarán a cabo un cierre simbólico de sus clínicas en protesta contra las restricciones impuestas por el Real Decreto 666/2023. Consideran que esta normativa limita su capacidad para ejercer la profesión y afecta negativamente la atención a los animales.
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Restricciones y carga burocrática
El Real Decreto 666/2023, en vigor desde enero de 2025, introduce cambios significativos en la regulación de la prescripción y uso de medicamentos veterinarios en España. Entre las medidas más controvertidas se encuentra la obligación de que los animales de compañía dispongan de un microchip para recibir medicamentos, la limitación en el uso de antibióticos y la exigencia de justificar cada mililitro de medicamento utilizado.
Estas restricciones añaden una carga burocrática considerable y dificultan la adquisición rápida de tratamientos necesarios para los animales.
Las asociaciones veterinarias andaluzas argumentan que estas obligaciones son excesivas, innecesarias y atentan contra su dignidad profesional. Denuncian que las limitaciones en el suministro de medicamentos impiden ofrecer tratamientos oportunos, lo que puede derivar en automedicación por parte de los propietarios y, en última instancia, en un deterioro de la salud animal.
Además, los veterinarios reclaman una reforma de la normativa andaluza para eliminar las restricciones actuales en el suministro de botiquines veterinarios. También solicitan al Ministerio de Sanidad la modificación de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, para eliminar la incompatibilidad entre la prescripción y venta de medicamentos por parte de los veterinarios, equiparándose así al resto de países de la Unión Europea.
Otra demanda clave es la reducción del IVA aplicado a los servicios veterinarios. Actualmente, estos servicios están gravados con un IVA del 21%, lo que los encarece y dificulta el acceso de muchos propietarios a cuidados esenciales para sus animales. Los profesionales del sector abogan por un IVA reducido o superreducido, argumentando que la atención veterinaria es un servicio esencial y no un lujo.
Es preocupante que las medidas destinadas a regular el uso de medicamentos puedan estar comprometiendo la calidad de la atención veterinaria y, por ende, la salud de los animales. Es fundamental encontrar un equilibrio que permita garantizar el bienestar animal sin imponer cargas innecesarias a los profesionales que velan por su cuidado.
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