
Archivo/ELSOLIDARIO. Expulsiones de extranjeros .
El nuevo reglamento de extranjería en España ha comenzado a mostrar sus consecuencias antes incluso de su entrada en vigor este 20 de mayo. Según alertan ONGs, abogados de extranjería y sindicatos, decenas de personas solicitantes de asilo están cayendo en la irregularidad al verse obligadas a renunciar a su proceso de protección internacional para poder optar, en el futuro, a un permiso de residencia por arraigo.
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La disposición transitoria de la norma impone que, para acceder a la nueva vía de regularización, las personas deben haber recibido una denegación firme y vivir al menos seis meses en situación irregular. Esto está obligando a muchas a abandonar sus recursos legales y perder sus trabajos, lo que incrementa su vulnerabilidad y alimenta la economía sumergida.
Los casos documentados por entidades como CEAR y Red Acoge reflejan un patrón común donde solicitantes con empleos estables, formación y arraigo que, ante la incertidumbre legal, optan por el silencio administrativo y la clandestinidad. El Gobierno defiende la medida como un filtro ante el abuso de la vía del asilo, pero organizaciones sociales denuncian que castiga también a quienes tienen peticiones fundadas.
En una era marcada por crisis climática, desplazamientos forzosos y tensiones geopolíticas, mientras se endurece el control fronterizo, se deja de lado la protección de las personas y del entorno social y ambiental que les acoge. No es solo una cuestión legal sino también es una decisión sobre qué tipo de sociedad queremos ser.
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