Fausto 
Archivo/El Solidario. Isabel Díaz Ayuso y su pareja, Alberto González Amador.
La Fiscalía de Madrid ha solicitado investigar a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por un presunto soborno de medio millón de euros a un directivo de Quirón Prevención.
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El Ministerio Público apoya la ampliación de la investigación a un posible delito de corrupción en los negocios, en un caso que ha generado un gran revuelo mediático y político.
El fiscal ha puesto el foco en una operación de 2020, en la que González Amador compró la empresa Círculo Belleza SL, dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética, a la esposa del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, por casi medio millón de euros.
Según la Inspección Tributaria, esta sociedad carecía de valor real, lo que sugiere que la transacción podría haber sido una comisión encubierta.
La defensa de González Amador ha intentado desestimar las acusaciones, alegando que se trata de una cacería política para perjudicar a Ayuso. Sin embargo, la Fiscalía insiste en que los indicios de delito son claros y que la falta de explicación sobre el pago de la comisión encubierta es muy llamativa.
Además, el Ministerio Público ha señalado que la investigación no se basa en informaciones periodísticas, sino en datos objetivos obtenidos por la Inspección Tributaria.
Este caso abre el foco sobre la necesidad de una mayor transparencia y control en las relaciones entre el sector público y privado. La presunta corrupción en los negocios no solo afecta la imagen de los implicados, también socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Es fundamental que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades para garantizar la integridad del sistema.
El escándalo que rodea a la pareja de Ayuso sigue planteando serias dudas sobre la ética y la legalidad de sus acciones. ¿Será este caso un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en España, o simplemente otro episodio más de la política de confrontación y descrédito?
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