En una declaración contundente, los fiscales del Tribunal Supremo han desmentido la teoría de conspiración que implicaba a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un caso de fraude fiscal.
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Los fiscales Julián Salto y Almudena Lastra testificaron este jueves, revelando que ni la Fiscalía de Madrid ni la Fiscalía General del Estado sabían quién era González Amador hasta días después de que el caso estuviera en manos de los jueces.
Durante su testimonio, Lastra explicó que la filtración de correos electrónicos relacionados con la defensa de González Amador solo pudo haber salido de la Fiscalía, ya que los datos en cuestión no eran accesibles para otras partes.
Esta revelación desmantela la teoría de que González Amador fue sometido a inspecciones y denuncias debido a su relación con Ayuso.
Salto, por su parte, negó la existencia de un protocolo de borrado de mensajes y afirmó que la investigación se llevó a cabo de manera imparcial. Ambos fiscales coincidieron en que la información filtrada a la prensa no tenía como objetivo perjudicar a Ayuso ni a su pareja, sino que fue un error administrativo que se resolvió rápidamente.
Conspiración: la defensa de Ayuso
La defensa de Ayuso ha sostenido que las acusaciones de conspiración eran infundadas y que la verdad saldría a la luz. Con las declaraciones de Salto y Lastra, se confirma que no hubo ninguna intención maliciosa detrás de las inspecciones fiscales a González Amador.
Este caso ha generado un intenso debate en la opinión pública sobre la transparencia y la imparcialidad de las instituciones judiciales en España. La presidenta Ayuso, aunque ha reiterado su confianza en el sistema judicial, se ha empeñado en afirmar que este proceso judicial no es más que una conspiración política y que se ha usado a la justicia para una persecución personal.
La pregunta que queda en el aire es: ¿cómo afectará esta revelación a la percepción pública de la justicia en España y a la carrera política de Isabel Díaz Ayuso?
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