Fausto 
Ilustración: El Solidario. En mayo pasado, durante las acampadas propalestinas, Díaz Ayuso criticó a los rectores y vinculó estas protestas con “los movimientos internacionales de siempre por parte de la izquierda.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está bajo el escrutinio de la comunidad educativa. Un informe reciente revela cómo su política está afectando gravemente a las universidades públicas en la región.
Te puede interesar: ¡Noticia Positiva! El SAE crea Guía de Empleo para Migrantes en Andalucía
“La financiación que recibimos de la comunidad no cubre ni los gastos de personal. Tenemos una obsolescencia en todas las infraestructuras, estamos anticuados”: rectores de las universidades públicas de Madrid.
Los rectorados de las universidades públicas madrileñas están librando una batalla en múltiples frentes, y la fuente de estos conflictos es clara: el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta parece estar importando la hostilidad hacia la educación superior que caracteriza a la extrema derecha global y, más recientemente, también a la política nacional. A continuación, desglosamos los detalles más preocupantes:
Cuestionamiento a las protestas estudiantiles
En mayo pasado, durante las acampadas propalestinas, Díaz Ayuso criticó a los rectores y vinculó estas protestas con “los movimientos internacionales de siempre por parte de la izquierda, que ahora se están haciendo fuertes en la vida universitaria de todas las ciudades”. Esta postura sugiere una visión polarizada y una falta de apertura al diálogo.
Invasión de autonomía universitaria
Los rectores de las universidades públicas madrileñas denuncian que la ley que prepara Ayuso invade su autonomía. El borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia ha sido redactado sin consultar a los afectados, incluyendo rectores, sindicatos y estudiantes. Esta falta de diálogo y participación socava la esencia misma de la educación superior.
Aumento de requisitos y amenaza a la docencia
La nueva ley plantea requisitos más estrictos para profesores ayudantes doctores, lo que podría afectar la calidad de la docencia. Además, los rectores temen que los campus privados se queden con las prácticas en hospitales concertados, dejando a las universidades públicas en desventaja. La formación de futuros profesionales está en riesgo.
Silenciamiento de protestas estudiantiles
El Gobierno de Ayuso quiere sancionar los escraches a políticos y las movilizaciones estudiantiles que interrumpan o dificulten el normal desarrollo de las clases. Esta medida podría coartar la libertad de expresión y limitar la participación activa de los estudiantes en la vida universitaria.
Como sociedad, debemos defender nuestras universidades públicas. La voz oficial debe alzarse contra estas políticas que amenazan la educación superior. Es hora de exigir un diálogo transparente y una legislación que proteja la autonomía universitaria y promueva la excelencia académica.
About The Author
