Las fiscalías redoblan esfuerzos para hacer justicia por las muertes en residencias de Madrid
Fatima Makhoukh 
Archivo/ELSOLIDARIO. Performance realizada frente a la Asamblea de Madrid por Marea de Residencias y Verdad y Justicia para recordar a los fallecidos en residencias de la Comunidad durante la primera ola del COVID-19.
Las fiscalías de Madrid han intensificado sus investigaciones sobre las muertes ocurridas en residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia, con el objetivo de evitar la prescripción de posibles delitos. Desde este lunes, más de medio centenar de familiares de los 109 querellantes que denunciaron un presunto delito de discriminación han sido citados a declarar.
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Estas diligencias buscan esclarecer las circunstancias en las que 115 residentes, de los cuales 111 fallecieron, no fueron trasladados a hospitales para recibir atención sanitaria adecuada.
Entre marzo y mayo de 2020, las residencias de la Comunidad de Madrid se convirtieron en el epicentro de la crisis sanitaria, registrando una alarmante cifra de 7.600 fallecimientos, lo que representó el 18% de los usuarios de estos centros. Esta situación generó una ola de denuncias por parte de colectivos y familiares, quienes buscaban esclarecer lo sucedido y señalar posibles responsabilidades, especialmente en relación con los protocolos que impidieron la derivación de estos mayores a hospitales durante el momento más crítico de la pandemia.
La denuncia presentada en octubre del año pasado ante la Fiscalía Superior de Madrid se centra en la posible comisión de un delito recogido en el artículo 511 del Código Penal, que sanciona la «denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios». Esta acción legal aportó nuevas pruebas, incluyendo documentación que sugiere que gran parte del personal sanitario necesario en los geriátricos fue destinado al hospital de Ifema y que las limitaciones en las derivaciones comenzaron antes de la aprobación del conocido «Protocolo de la Vergüenza».
La investigación se centra en determinar si hubo responsabilidad penal por parte de los gestores de las residencias y de las autoridades competentes en la supervisión y control de estos centros. Se están analizando protocolos de actuación, decisiones tomadas durante la crisis sanitaria y la disponibilidad de recursos para proteger la salud y la vida de los residentes.
La aceleración de estas investigaciones refleja una respuesta a las demandas de justicia de los familiares de las víctimas, quienes han insistido en la necesidad de esclarecer las responsabilidades en la gestión de las residencias durante la pandemia. Sin embargo, persiste la preocupación de que, a pesar de estos esfuerzos, muchos casos puedan quedar sin resolución debido a la proximidad de la prescripción.
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