Las administraciones dilapidan 118 millones en publicidad con fondos europeos, mientras los servicios públicos agonizan
Maria Sánchez Peña 
Una de las campañas de publicidad financiada con los fondos Next Generation en la estación de metro de Callao, en Madrid. Fuente: Infobae
Más de 100 millones de euros de los fondos europeos han sido desviados a publicidad institucional. ¿A qué precio dejamos lo importante?
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Las administraciones públicas han destinado 118,1 millones de euros, provenientes de los fondos Next Generation, a campañas publicitarias. Mientras los servicios esenciales siguen sufriendo recortes, este dinero se ha dirigido a promocionar la Marca España y a campañas institucionales, con un escaso beneficio real para la ciudadanía. En un país con crecientes necesidades sociales, ¿es esta la mejor forma de utilizar los recursos europeos?
Prioridades equivocadas
Un ejemplo de este derroche es la campaña de las Islas Canarias, que ha recibido 24 millones para promocionarse como destino turístico. ¿Era necesario invertir tanto en un lugar ya mundialmente reconocido? El Ayuntamiento de Madrid tampoco se queda atrás, gastando más de un millón de euros en promocionar el comercio local con la campaña “Todo está en Madrid”. Iniciativas valiosas, pero que palidecen frente a las urgentes necesidades sociales no atendidas.
Por otro lado, la campaña Spain Up Nation ha destinado 2,7 millones de euros para posicionar a España como nación emprendedora. ¿El resultado? Anuncios en marquesinas y redes sociales, pero sin acciones concretas. Esta inversión no parece responder a las demandas de una ciudadanía que busca empleos reales y mejoras en los servicios públicos. Es hora de repensar hacia dónde van los recursos que podrían transformar vidas.
El costo de la visibilidad institucional
El gasto en publicidad no solo pone en entredicho las prioridades del Estado, sino que refleja una desconexión con la realidad de las personas. Mientras algunos celebran la promoción de sus agendas urbanas y políticas, como la Agenda 2030, otros municipios, como Algeciras, destinan 80 millones a campañas publicitarias sin impacto visible en la calidad de vida de los vecinos. Las administraciones locales siguen apostando por la apariencia, dejando de lado lo esencial.
Este uso de fondos europeos para inflar la visibilidad de administraciones y proyectos que no tocan directamente las necesidades básicas de la ciudadanía plantea una cuestión ética. ¿Es legítimo desviar recursos de la recuperación económica para promocionar agendas políticas y turísticas mientras los hospitales, la educación y el bienestar social se quedan rezagados?
¿Qué opinas de este gasto en publicidad? ¿Es necesario o un derroche? Participa en los comentarios y comparte tu punto de vista.
Fuente: Infobae
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