La reducción de jornada será tramitada como «urgencia» por el Gobierno este 2025
Silvia María Vicente Moya 
Imagen: huffingtonpost.es. El Solidario. Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo, en el Congreso.
El Gobierno español ha resuelto la disputa entre los Ministerios de Trabajo y Economía, y ha decidido tramitar por vía de urgencia la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.
Esta medida, acordada previamente con los sindicatos CCOO y UGT, será abordada en el próximo Consejo de Ministros, iniciando así su proceso parlamentario.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido la aprobación del decreto «tal cual está», enfatizando la necesidad de cumplir con los compromisos del pacto de Gobierno.
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Díaz ha criticado al Partido Popular y a la patronal por su rechazo a la norma, subrayando que la reducción de la jornada laboral es una medida que mejora la vida de los trabajadores y aumenta la productividad.
El acuerdo alcanzado entre los Ministerios de Trabajo y Economía contempla que las modificaciones necesarias para adaptarse a la realidad empresarial, especialmente en el caso de las pymes, se realicen durante la tramitación parlamentaria.
Una medida social bienvenida por los ciudadanos
El texto también busca mejorar el registro horario, endurecer las infracciones y garantizar la desconexión digital de los empleados.
Para la población española, esta reducción de la jornada laboral representa un avance significativo en la conciliación de la vida laboral y personal, permitiendo a los trabajadores disponer de más tiempo libre sin una disminución salarial.
Sin embargo, el Gobierno aún debe asegurar el apoyo parlamentario necesario para su aprobación, enfrentando el reto de obtener votos de partidos como el PP o Junts.
Las consecuencias de esta medida podrían incluir una mejora en la calidad de vida de los trabajadores y un aumento en la productividad empresarial.
No obstante, es crucial que durante la tramitación parlamentaria se consideren las aportaciones necesarias para garantizar la flexibilidad y adaptación de las pequeñas y medianas empresas a esta nueva realidad laboral.
Por tanto, se seguirá luchando para que la medida sea estable a medio y largo plazo y beneficie tanto a la patronal como a los trabajadores.
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