Fausto 
EFE/El Solidario. Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La trama que envuelve a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, revela una preocupante conexión entre intereses privados y la gestión de la sanidad pública madrileña. A pesar de las investigaciones judiciales en curso, la implicación de altos cargos de Quirónsalud y la aparente inacción institucional plantean serias dudas sobre la transparencia y la ética en la administración regional.
La investigación sobre Alberto González Amador ha sacado a la luz una serie de operaciones financieras y relaciones empresariales que sugieren un entramado de favores y beneficios cruzados. La compra de la empresa Círculo de Belleza SL por medio millón de euros a la esposa del presidente de Quirón Prevención, una sociedad con escasa actividad económica ha sido señalada por la Fiscalía como un posible caso de corrupción en los negocios.
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A pesar de los indicios, Quirónsalud ha optado por no personarse como acusación particular, argumentando no haber encontrado irregularidades en la actuación de sus directivos. Esta postura resulta inquietante, especialmente considerando que la Comunidad de Madrid ha reducido en 464 millones su deuda con el grupo sanitario en pleno escándalo.
La negativa del Partido Popular a permitir una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre estos hechos, y la reciente admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional de un recurso de Más Madrid contra este veto, evidencian una falta de voluntad política para esclarecer las posibles irregularidades.
Este caso no solo pone en entredicho la integridad de ciertos actores políticos y empresariales, sino que también refleja una preocupante tendencia hacia la privatización opaca de servicios públicos esenciales.
Es ineludible que se garantice la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de la sanidad pública, asegurando que los intereses particulares no prevalezcan sobre el bienestar colectivo.
La ciudadanía merece una administración que actúe con ética y responsabilidad, y que priorice el interés público por encima de cualquier otra consideración.
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