La privatización de la Complutense madrileña para uso y disfrute de empresarios, fondos de inversión y gobiernos fascitas, provoca el encierro de profesores y alumnos
Verónica Mas 
Archivo: El Solidario. Encierro en la facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense
La Universidad Complutense de Madrid anda muy revuelta: desde alumnos que son citados a declarar por protestar contra los discursos de la extrema derecha que Vox y Díaz Ayuso difunden como si estuvieran de cañas y no gestionando la capital de un país, hasta encierros para evitar la privatización de la misma.
El ejecutivo madrileño sabe que la universidad pública es un centro de pensamiento crítico que anima a las personas a cuestionar lo establecido y dictado y aspira a generar realidades que impacten en el bienestar social comunitario ofreciendo educación para todo el mundo.
Evidentemente, a Ayuso, representante de la alianza PP-VOX, señora capaz de decir en voz alta y sin cortarse un pelo que los 7.291 muertos en residencias durante la pandemia por la aplicación de los llamados «Protocolos de la Verguenza», son anecdóticos, la universidad pública la incomoda.
Por esta incomodidad y por razones que seguramente beneficien económicamente a los estratos más altos de la sociedad, que probablemente sean conocidos, íntimos o asiduos a cenas con los máximos representantes de este ejecutivo, además de por desprecio, soberbia y elitismo, se pretende dar vía libre a la privatización y control de la misma a través de la Ley de Universidades.
Estudiantes y profesores han respondido ante ésta y el lunes 7 de abril, se encerraron en la Facultad de Matemáticas de la Complutense, noche que sirvió para organizar las acciones que llevarán a cabo como resistencia. La más resaltable es la huelga general del 28 de abril en los cinco centros madrileños.
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Ley de Universidades de Madrid
La Ley de Universidades además de suprimir la financiación a los centros un 30% y dar carta blanca a fondos de inversión para su financiación, pretende introducir figuras de control gubernamental como la del Interventor, que básicamente se puede considerar como un auditor al servicio del gobierno autonómico.
En el gobierno estatal también se oyen voces en contra. Diana Morant, ministra de educación, ha llamado a ejercer oposición ante lo que considera «un maltrato sistemático hacia la Universidad de Madrid» y ha expuesto que «todos tenemos la responsabilidad, la sociedad y también el Gobierno de España, de luchar contra esa privatización».
Esperemos que así sea, porque si no, dentro de unos años, las generaciones venideras no podrán estudiar ni filosofía ni historia, porque para los fondos de inversión y gobiernos fascistas, estas carreras lo único que hacen es obstaculizar su beneficio y prestigio.
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