El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha logrado evadir la justicia en repetidas ocasiones por los delitos de fraude fiscal que él mismo reconoció en correos intercambiados con la Fiscalía.
Hasta en cuatro ocasiones, su comparecencia ha sido suspendida, la última de ellas el pasado 24 de enero, alegando problemas de agenda por un viaje programado entre el 4 y el 12 de febrero. Finalmente, la jueza ha vuelto a citarlo para el próximo día 24.
La situación de Alberto González Amador es un claro ejemplo de cómo la justicia puede ser manipulada por aquellos con poder e influencia. A pesar de haber reconocido su implicación en delitos de fraude fiscal, ha logrado evitar dar explicaciones ante la justicia, utilizando excusas y maniobras dilatorias.
Esta situación no solo pone en entredicho la imparcialidad del sistema judicial, sino que también envía un mensaje peligroso a la sociedad: aquellos con conexiones políticas pueden evadir la justicia sin consecuencias.
La impunidad cabalga libremente
La jueza Inmaculada Iglesias ha citado a González Amador para declarar el 24 de febrero, después de que su comparecencia programada para el 7 de febrero fuera suspendida debido a un viaje profesional.
Esta es la quinta vez que se le cita para declarar, y cada vez ha encontrado una excusa para evitar presentarse ante el tribunal. La falta de consecuencias para González Amador es un reflejo de la desigualdad en el acceso a la justicia y la protección que disfrutan aquellos con poder.
La justicia actúe con firmeza y transparencia en este caso. La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad y a exigir que los responsables de delitos sean llevados ante la justicia, independientemente de su posición o conexiones políticas.
La impunidad de González Amador no solo socava la confianza en el sistema judicial, sino que también perpetúa la percepción de que la justicia no es igual para todos.
La situación actual es un recordatorio de la importancia de una justicia independiente y transparente. La ciudadanía debe estar atenta y exigir que sus representantes actúen con integridad y en beneficio del interés público. Solo así se podrá garantizar una justicia imparcial y una democracia robusta.
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