
Archivo/ELSOLIDARIO. Una manifestación contra el desahucio .
El Congreso de los Diputados avanza en la tramitación de una proposición de ley impulsada por PSOE, PP y Junts que busca agilizar los desahucios cautelares, permitiendo el desalojo inmediato de personas en procesos de ocupación. Esta iniciativa ha generado una fuerte reacción en el ámbito social, donde colectivos en defensa de la vivienda denuncian que la norma solo beneficiará a grandes propietarios y fondos buitre, dejando en una situación aún más vulnerable a miles de familias sin alternativa habitacional.
Los partidos proponentes justifican la medida argumentando que es una herramienta necesaria para proteger la propiedad privada y reducir el tiempo de resolución judicial. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que esta ley puede suponer una mayor criminalización de la pobreza, permitiendo el desalojo forzoso sin garantías suficientes y agravando la crisis de vivienda que afecta a España.
El problema de los desahucios no es nuevo. España es uno de los países europeos con más lanzamientos por impago de alquiler y menos vivienda pública disponible. Mientras el precio del alquiler sigue en alza y las ayudas públicas no alcanzan para frenar la emergencia habitacional, esta reforma legal refuerza el poder de los grandes tenedores en detrimento de las familias en riesgo de exclusión.
Si la ley se aprueba sin mecanismos que protejan a los sectores más vulnerables, el resultado será un incremento en el número de personas en la calle y un sistema aún más inclinado a favor de quienes especulan con el derecho a la vivienda. La pregunta es clara: ¿protección a la propiedad o un nuevo golpe contra los más débiles?
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