La justicia se adelanta al Gobierno en defensa de los trabajadores con la reforma laboral aún en el aire
Maria Sánchez Peña 
Oficina de empleo Fuente: Infolibre
Jueces aumentan las indemnizaciones por despido improcedente, mientras el Gobierno aplaza una reforma clave para los derechos laborales.
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La justicia ha tomado la iniciativa ante la inacción del Gobierno: varios tribunales están elevando de forma contundente las indemnizaciones por despido improcedente. Esto responde a la presión ejercida por la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, que acusa a España de no garantizar suficiente protección para los trabajadores. Sin embargo, este avance se enfrenta a la parálisis del Ministerio de Trabajo, que aún no ha dado respuesta a una reforma necesaria que pondría fin a la vulneración de derechos laborales.
Tribunales actúan, el Gobierno retrasa la reforma
A pesar de los avances en tribunales de Cataluña, País Vasco y Galicia, donde las indemnizaciones han llegado a incrementarse hasta en 40.000 euros, la incertidumbre persiste. Fernando Luján, vicesecretario general de UGT, denuncia que algunos jueces siguen esperando la decisión del Tribunal Supremo, dejando a los trabajadores en una posición vulnerable. «Si el asunto no se regula pronto, se generará una gran inseguridad jurídica«, advierte. La actuación desigual entre juzgados solo agrava la situación y deja en el aire los derechos laborales.
El Gobierno, liderado por Yolanda Díaz, prometió una reforma que acabe con las injusticias del sistema actual, pero los retrasos son constantes. La introducción de un modelo de «despido restaurativo», que atienda a las circunstancias personales de cada trabajador, como su edad, familia o trayectoria laboral, sigue sin concretarse. Mientras tanto, la falta de avances no solo afecta a los derechos de los empleados, sino que favorece a empresarios que se benefician de la falta de una legislación adecuada.
UGT pide salarios de tramitación y mayores garantías
UGT exige que el Gobierno recupere los salarios de tramitación eliminados en 2012 y que se reintroduzcan los 45 días por año trabajado. El sindicato también insiste en una indemnización mínima de seis meses, que asegure una compensación justa para los trabajadores que pierden su empleo sin motivo. «No es aceptable que en pleno siglo XXI sigamos permitiendo despidos arbitrarios con indemnizaciones irrisorias«, afirman desde UGT. En un contexto de despidos masivos, esta falta de protección es una crisis que no se puede seguir ignorando.
Los sindicatos recalcan que España está lejos de cumplir los estándares europeos en cuanto a indemnizaciones por despido. Países como Alemania, Francia o Italia ofrecen condiciones mucho más favorables para los trabajadores, mientras en España las empresas continúan despidiendo a bajo coste. La falta de acción del Gobierno pone en riesgo la dignidad laboral de miles de personas que enfrentan la precariedad en un mercado laboral cada vez más inestable.
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