La justicia respalda a Consumo en su ofensiva contra los anuncios ilegales de pisos turísticos en Airbnb
Moreno Sanlés Alberto 
ElSolidario: La filial irlandesa de Airbnb —responsable del negocio en Europa— deberá bloquear de inmediato de un total de 65.935 anuncios de viviendas turísticas ilegales
El Ministerio encabezado por Pablo Bustinduy Amador consigue hacer retroceder a la plataforma Airbnb tras meses de advertencia hacia sus prácticas abusivas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado el recurso presentado por la plataforma contra la primera resolución del Ministerio, que instaba a la retirada de 5.800 anuncios ilegales en seis comunidades autónomas.
La filial irlandesa de Airbnb —responsable del negocio en Europa— deberá bloquear de inmediato de un total de 65.935 anuncios de viviendas turísticas ilegales localizadas en Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco.
El peligro de los anuncios ilegales
FACUA-Consumidores en Acción denuncia que, con este tipo de anuncios ilícitos, se oculta información clave para que los usuarios conozcan y puedan ejercer sus derechos como consumidores. Por ello, la asociación valora positivamente la intervención del Ministerio y recuerda que ya en diciembre de 2024 Consumo abrió un expediente sancionador contra Airbnb, precisamente por negarse a retirar los anuncios ilegales que le fueron requeridos. La organización insiste en que las sanciones impuestas deben ser equivalentes a las ganancias de la plataforma.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aplaudido la decisión del Ministerio y la del tribunal, señalando que se demuestra que la competencia para regular este fenómeno corresponde al Gobierno central, y no a los ayuntamientos, que «son el último eslabón de la cadena». Madrid es la ciudad con más pisos turísticos de España: más de 16.300, de los cuales 15.200 son ilegales, según datos del Ministerio de Consumo.
El pulso entre las administraciones y las plataformas de alquiler turístico continúa, pero el respaldo judicial a la actuación del Ministerio de Consumo marca un antes y un después en la lucha por garantizar la legalidad y los derechos del consumidor en el sector del turismo vacacional.
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