Fausto 
Archivo/ELSOLIDARIO. Los alojamientos turísticos .
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado, por segunda vez, la retirada de 5.800 anuncios ilegales de pisos turísticos publicados en Airbnb, dando un respaldo judicial a la acción del Ministerio de Consumo. Esta decisión representa un hito para las luchas vecinales y los movimientos que denuncian, desde hace años, los efectos devastadores de la turistificación desregulada en nuestras ciudades.
Madrid, como Barcelona, Sevilla o Palma, se ha visto transformada en un parque temático donde la vivienda se convierte en mercancía para el turista, y no en un derecho básico para sus habitantes. El fallo del TSJM es más que una victoria jurídica: es un respaldo al derecho a la vivienda, un límite claro a la impunidad con la que operan grandes plataformas como Airbnb. Empresas que se han enriquecido alimentando una economía especulativa a costa del tejido social de los barrios.
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Es importante recordar que estos anuncios no cumplían con la legalidad vigente. No había licencias, no había control, no había garantías. Solo negocio privado a costa del interés público. El Ministerio de Consumo, bajo el mandato de Alberto Garzón, demostró que es posible actuar desde el Estado para frenar el saqueo neoliberal que convierte las ciudades en territorios de exclusión.
Pero no basta con retirar anuncios. La lucha contra la turistificación necesita una regulación estricta, sanciones efectivas, fiscalización real y políticas de vivienda pública contundentes. No podemos permitir que las plataformas digitales sigan dictando las normas del urbanismo, mientras expulsan a las familias trabajadoras de sus barrios.
Esta sentencia debe marcar un punto de inflexión. Porque cuando se enfrentan los intereses especulativos con la defensa del bien común, el Estado debe estar del lado de la ciudadanía. Hoy, el TSJM nos recuerda que sí se puede poner límites al capitalismo salvaje, incluso en el corazón de la ciudad.
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