La justicia frena la querella contra Ayuso mientras se consolida un convenio que recorta derechos
Fausto 
La Sexta/El Solidario. Manifestación de Sindicatos en Madrid.
El silencio judicial en torno a la querella contra Isabel Díaz Ayuso y los sindicatos que firmaron un convenio que recorta derechos es una muestra más de cómo ciertos sectores del poder gozan de impunidad. Tres meses lleva la denuncia en el Juzgado de Instrucción 17 de Madrid, sin avances, sin explicaciones, sin justicia.
La Confederación General del Trabajo (CGT), que impulsó la querella, denuncia que el convenio del personal laboral de la Comunidad de Madrid, firmado por CCOO, UGT y CSIT, incluye artículos que restringen el derecho a la protesta y limitan la capacidad de los trabajadores para defender sus derechos.
MUY INTERESANTE
El pacto, en teoría negociado para mejorar las condiciones laborales, es en realidad un blindaje de la administración de Ayuso contra cualquier intento de movilización. La querella exige que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, declare sobre este atropello a los derechos fundamentales, pero la maquinaria judicial parece estar más interesada en proteger los intereses de la presidenta madrileña que en esclarecer los hechos.
El problema no es solo el contenido del convenio, sino el modus operandi de un gobierno autonómico que pacta con sindicatos dóciles, dispuestos a firmar acuerdos que benefician más al Ejecutivo que a los trabajadores. Este modelo de negociación, en el que las grandes centrales sindicales hacen de comparsa del poder, deja en evidencia la falta de independencia de algunos actores que deberían estar del lado de los empleados públicos.
La estrategia de Ayuso es clara: criminalizar la protesta, desactivar cualquier resistencia laboral y garantizar su propio dominio político sin sobresaltos. Y para ello, cuenta con la complicidad de sectores sindicales que han cambiado la defensa de los trabajadores por la gestión de privilegios.
Si esta querella queda en el olvido, se consolidará un precedente peligroso: el derecho a la protesta puede ser negociado, recortado y eliminado, con el aval de la justicia y la complicidad de los sindicatos afines al poder.
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