La Junta de Andalucía se encuentra en el ojo del huracán tras destaparse un supuesto fraude de ley en la contratación pública que alcanzaría los 458 millones de euros.
Según ha denunciado la Intervención General de la Junta, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) habría troceado miles de contratos en adjudicaciones menores para eludir los controles de publicidad y libre competencia.
Esta práctica, considerada ilegal, habría permitido beneficiar a determinadas empresas, especialmente farmacéuticas, a las que se les habría adjudicado contratos de forma arbitraria.
El informe señala que el 26% de los 1.791 millones de euros en contrataciones del SAS en 2021 correspondieron a contratos menores, llegando en algunas provincias, como Huelva, al 46%.
Además, muchos superaron los límites legales de duración, siendo prorrogados sin justificación para seguir engordando las arcas de las mismas compañías privilegiadas.
Entre las principales beneficiadas se encuentran gigantes farmacéuticos como Novartis, Pfizer y Roche, acaparando contratos millonarios para medicamentos y multiplicando el gasto público sin control.
La Intervención concluye que estas prácticas constituyen un fraude de ley y abren la puerta a posibles sanciones si no se corrigen en seis meses.
El escándalo pone en entredicho la transparencia en la gestión pública andaluza y apunta a la necesidad urgente de reformas para acabar con la arbitrariedad y el amiguismo en la contratación pública.
FUNTE: eldiario.es