La Fiscalía ha identificado 24 casos de menores migrantes a los que las autoridades de Canarias les negaron una asistencia inmediata. Estos menores, en situación de extrema vulnerabilidad, llegaron a las costas del archipiélago en condiciones precarias y no recibieron la atención básica que requieren por ley.
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La denuncia expone un preocupante patrón de negligencia que pone en riesgo los derechos humanos de uno de los grupos más desprotegidos: los niños migrantes no acompañados.
El informe de la Fiscalía subraya que, pese a la responsabilidad legal de garantizar una atención integral a los menores no acompañados, las autoridades canarias fallaron en ofrecerles una respuesta rápida.
Según el documento, estos menores no recibieron de forma inmediata el acceso a atención médica, psicológica y jurídica, lo que supone una grave vulneración de sus derechos fundamentales.
Negligencia que aumenta la vulnerabilidad
El retraso en la asistencia a estos menores agrava su situación de vulnerabilidad. Llegan a Canarias tras arriesgar sus vidas en peligrosas travesías por mar, enfrentando un futuro incierto en un país que, en teoría, está obligado a protegerlos.
Sin embargo, este informe muestra que las políticas migratorias y la falta de recursos están llevando a una crisis humanitaria que no solo afecta a los migrantes adultos, sino también a los más jóvenes.
Además, la Fiscalía resalta que estas omisiones pueden tener consecuencias a largo plazo en el bienestar físico y emocional de los menores. Muchos de ellos huyen de conflictos, pobreza extrema o persecuciones, por lo que la falta de asistencia inmediata en un país receptor no solo es una cuestión legal, sino también moral.
El caso ha reavivado el debate sobre la política migratoria de España y la situación en las Islas Canarias, una de las principales puertas de entrada a Europa. ONGs y organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente las carencias en la atención a los menores migrantes, exigiendo que el gobierno central y las comunidades autónomas asuman su responsabilidad de forma conjunta.
Fuentes: El País : Save the Children :